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Tierra, tierra

Ilustración por: Cristhian Saavedra

En las primeras etapas, no solo tenían la tierra; también eran dueños de las personas que la trabajaban. El poder soberano de la nobleza y el clero sobre la tierra y el pueblo tenía como contrapartida la garantía de seguridad y espiritualidad (Piketty, 2019).

La forma básica de ocupación española del territorio conquistado que hoy es Colombia fue urbana. En las primeras aglomeraciones durante el siglo XVI vivían españoles nobles, encomenderos, grandes propietarios, comerciantes y soldados con sus familias y una población indígena que los servía a la que fueron sumándose los mestizos. En las áreas rurales, las haciendas de los españoles eran extensas y allí trabajaban los indios que vivían en resguardos.

Ya en el siglo XVII se habían fundado muchas de las que más adelante serían capitales de departamento donde vivían sobre todo españoles con su servidumbre. Con el crecimiento de la población y la colonización, en el siglo XVIII la población rural aumentó, en muchos casos lejos de las autoridades, donde vivían sin Ley ni Dios (Melo, 2020). Las autoridades de la época fueron a la saga de estos pueblos construyendo parroquias con cura y distribuyendo tierra a los residentes.

Posteriormente, la Real Audiencia ejerció la autoridad en el Nuevo Reino de Granada.  Nombraba gobernadores de las provincias, establecía los tributos de los indios, hacía cumplir las leyes españolas y distribuía tierras a los españoles, a los indios y arrendaba tierras. El Virreinato de la Nueva Granada se estableció formalmente en 1739. Con él, se disolvieron a final del siglo XVIII muchos resguardos para entregarlos a criollos y mestizos.

Al final de la Colonia, a comienzos del siglo XIX, el país ya era un país de regiones: la altiplanicie oriental con campesinos minifundistas mestizos y agregados en las grandes haciendas de terratenientes; los Llanos Orientales con terratenientes de grandes extensiones de tierra y ganadería extensiva; en el suroccidente, los criollos  explotaban las minas del Pacífico y en las tierras altas vivían indígenas en resguardos; en la Antioquia de hoy, la principal actividad era la minería y se promovía la colonización de nuevas tierras; en los Santanderes hubo una agricultura de grandes y medianos y artesanos; el Valle del Cauca se había convertido en región de grandes haciendas agrícolas; y la Costa Caribe se había especializado en el comercio por españoles y criollos.

La sociedad y el Estado vieron la colonización de tierras que se dio a finales del siglo XIX y en las primeras décadas del XX como una forma de progreso.

La tierra en la recién fundada república

Durante el siglo XIX, después de la independencia, ya como República de Colombia no hubo consenso entre los políticos liberales y conservadores de emprender una aclaración de los derechos de propiedad de la tierra teniendo en cuenta la realidad de muchos colonos con pequeñas parcelas al lado de grandes extensiones de tierra de terratenientes, quizás porque en ambos bandos había importante representación de los intereses de estos últimos. Por ejemplo, el presidente José Hilario López, vetó una iniciativa del secretario de Hacienda Manuel Murillo Toro de repartir baldíos a colonos por inapropiada en un “país donde no había concentración de tierras” (Melo, 2020, p. 146).

La sociedad y el Estado vieron la colonización de tierras que se dio a finales del siglo XIX y en las primeras décadas del XX como una forma de progreso. Basta visitar la plaza de los fundadores en Armenia, Quindío, donde se erigió en 1939 un monumento al hacha como sinónimo de desarrollo. También de aquella época nos quedó el dicho “ni corta, ni presta el hacha”. Los ambientalistas no habían aparecido todavía con fuerza.

El Estado repartió lotes y se formaron poblaciones en Antioquia, el antiguo Caldas, Cauca y Tolima donde emergió una caficultura exitosa para la exportación. Los gobiernos liberales de las décadas de los sesenta y setenta en el siglo XIX dieron prioridad al derecho del ocupante que cultivara la tierra y la reversión al Estado de las que no se cultivaran. Sin embargo, en cifras, las asignaciones de tierra a colonos fueron bajas que contrastaban con grandes extensiones de tierras vendidas aumentando el peso de la gran propiedad. Ya desde entonces aparecieron muchos conflictos entre ocupantes y propietarios con título, “el conflicto entre el hacha y el papel sellado” (Melo, 2020, p. 161).

Desde el siglo XVIII la desigualdad en la distribución de la tierra se señaló como causa de atraso: los colonos con poca tierra no podían prosperar y los grandes se dedicaban a la ganadería extensiva de baja productividad. Con la llegada del café se confirmó la limitación de la gran propiedad por escasez de mano de obra y sin tecnología moderna terminó marchitándose mientras que la expansión del cultivo se dio en explotaciones medianas y pequeñas fruto de la colonización antioqueña.

Desde el siglo XVIII la desigualdad en la distribución de la tierra se señaló como causa de atraso: los colonos con poca tierra no podían prosperar y los grandes se dedicaban a la ganadería extensiva de baja productividad.

 

La tierra durante el siglo XX

El problema agrario que se había incubado desde la Conquista y la Colonia con la ambigüedad en la definición de los derechos de propiedad de la tierra fue creciendo durante las primeras décadas del siglo XX. Las tensiones crecieron entre terratenientes y aparceros en la costa Caribe y entre terratenientes y colonos en las regiones de la colonización antioqueña, porque muchos de los que trabajaban la tierra suponían que estas eran baldías y por tanto podían obtener el título de propiedad. Aunque había leyes desde finales del siglo XIX que establecían la reversión al Estado de tierras no explotadas, la mayoría de las tierras habían sido entregas coloniales o títulos de compraventa no sujetos a reversión. Los dueños de estas tierras, al ver que se valorizaban por el fruto del trabajo de los colonos, reclamaban su propiedad y los expulsaban. En algunas zonas, los colonos se resistieron por la fuerza. El conflicto se agravó cuando en la década del treinta del siglo XX la Corte Suprema de Justicia decidió que había que demostrar un título originario expedido por el Estado. Muy pocas tierras tenían ese título. La mayoría eran compraventas aceptadas por la comunidad durante décadas y registradas en notarías.

En ese contexto se aprobó la Ley 200 de 1936 durante la presidencia de Alfonso López Pumarejo, según la cual quien ocupara la tierra de buena fe y sin conflicto se presumía dueño de ella. Además, las tierras inexplotadas se suponían baldías y se consideraban propietarios los colonos que las habían ocupado durante dos años previos a la Ley. Por otra parte, se decretó que todas las tierras inexplotadas durante los últimos diez años revertirían al Estado.

La reacción de terratenientes y muchos políticos de ambos partidos fue muy fuerte en contra de la norma por considerarla de inspiración comunista. Por otro lado, se confirmó que una parte importante de la gran propiedad sí tenía títulos, no tenía conflictos con colonos y quedó en firme. Así las cosas, en las siguientes décadas la ganadería extensiva tuvo la mayor expansión como medio para demostrar que la tierra sí estaba siendo explotada y los aparceros fueron expulsados. El periodo comprendido entre 1936 y 1945, fue de desarrollo de la gran propiedad simultáneo a una intensa colonización de los llanos orientales, el Magdalena Medio y el Urabá llenándose de plantaciones modernas de caña, banano, algodón, arroz y sorgo.

La Ley 135 de Reforma Agraria de 1961, terminando el gobierno de Alberto Lleras Camargo, el primero del Frente Nacional, fue igualmente tímida en regularizar el complejo panorama de la propiedad rural. Las tierras que se expropiaran por su no explotación debían indemnizarse a precio de mercado con trámites legales complejos. El Instituto Colombiano de la Reforma Agraria (Incora), ya creado, se dedicó en el periodo siguiente del presidente Valencia a promover la colonización de baldíos y a recuperar tierras no explotadas en los últimos diez años. Los colonos tumbaban el monte y después vendían las tierras a terratenientes. Los distritos de riego que construyó el Incora terminaron beneficiando a grandes propietarios. En fin, el equilibrio entre políticos liberales y conservadores en el Frente Nacional no permitió un proceso de reforma agraria que finalmente apoyara a los campesinos con poca tierra o sin tierra.

El gobierno de Carlos Lleras Restrepo trató de revitalizar la reforma agraria convencido de que el desarrollo rural se daría reemplazando a los grandes propietarios ausentistas e ineficientes por medianos y pequeños abiertos a las señales del mercado. El Gobierno logró aprobar en el Congreso una nueva ley que hacía más fácil expropiar pagando con bonos del Estado y con trámites más sencillos. Y para ganar apoyo se creó a la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (Anuc).

Sin embargo, en el siguiente gobierno de Misael Pastrana Borrero, inspirado en el Plan Colombia del economista Lauchlin Currie, la reforma agraria se frenó con el Acuerdo de Chicoral, y detuvo la repartición de tierras y, a cambio, creó estímulos y protección a la modernización de cultivos como el algodón, el arroz, los aceites (soya, sorgo, ajonjolí). Para Currie la migración del campo a la ciudad era la vía del desarrollo y el apoyo a la agricultura comercial el instrumento complementario.

Para superar el estancamiento en la solución al problema de aclarar los derechos de propiedad de la tierra y estimular el desarrollo agrícola se discutió la propuesta pragmática de Albert Hirschman (1963) consistente en actualizar el catastro rural para que los municipios cobraran el impuesto predial sobre avalúos actualizados y de esta forma estimular el mercado de tierras. Todos aquellos que no pudieran poner a producir la tierra y generar ingresos suficientes para pagar el impuesto deberían venderla. Los recursos recaudados deberían nutrir las arcas de los municipios y de esta manera apalancar el desarrollo local. Esta propuesta sigue aún vigente.

El equilibrio entre políticos liberales y conservadores durante el Frente Nacional no permitió un proceso de reforma agraria que finalmente apoyara a los campesinos con poca tierra o sin tierra.

La tierra en el siglo XXI

Desde la década de los ochenta del siglo pasado hasta hoy, el narcotráfico y los grupos armados al margen de la ley han complicado aún más el problema de la tierra rural en Colombia. En efecto, muchas tierras han sido usurpadas a sus anteriores poseedores o propietarios de manera violenta, lo que ha generado grandes desplazamientos de población rural a las ciudades. También, grandes extensiones de tierra se han adquirido con dineros provenientes del negocio del narcotráfico. Además, se ha promovido la deforestación en muchas regiones del país y particularmente en la selva amazónica para desarrollar cultivos de coca para el narcotráfico y potreros para ganadería extensiva.

Al finalizar el gobierno de César Gaviria se expidió la Ley 160 de 1994 que sigue aún vigente y con el primer punto del Acuerdo de La Habana firmado entre el gobierno de Juan Manuel Santos y la guerrilla de las Farc en 2016, se sigue planteando la necesidad de titular tierra a los pequeños campesinos que no la tienen o es insuficiente —en el Acuerdo quedó el compromiso de contar con un Fondo de Tierras del orden de 3 millones de hectáreas en los primeros doce años a partir de la firma que se alimentaría de tierras provenientes de la extinción de dominio a favor del Estado, tierras recuperadas a favor del Estado indebidamente apropiadas u ocupadas, tierras provenientes de la actualización de la Reserva Forestal, tierras inexplotadas, tierras adquiridas por motivos de interés social y tierras donadas— y aclarar los derechos de propiedad de millones de predios que siguen en el limbo.

Las cifras muestran que en el último medio siglo, la concentración de la tierra rural en Colombia ha seguido aumentado pari passu la expansión extraordinaria de la frontera agrícola.

Las cifras muestran que en el último medio siglo, la concentración de la tierra rural en Colombia ha seguido aumentado pari passu la expansión extraordinaria de la frontera agrícola, tal como lo ilustra la tabla 1. El número de unidades de producción agrícola menores de 5 ha pasó de representar el 63 % en 1960 a 70 % en 2013, mientras que las de más de 500 ha disminuyeron su participación de 0.7 % a 0.4 %. Al mismo tiempo el área de las unidades de menos de 5 ha redujo su participación al pasar de 4.5 % del área total en 1960 al 2 % en 2013 y las de más de 500 ha aumentaron su participación de 40.4 % a 77 %. Es importante mencionar que este aumento tan mayúsculo de las unidades de más de 500 hectáreas se debe en parte a la titulación de resguardos indígenas y de territorios colectivos de comunidades afrodescendientes.

Este proceso de aumento de la concentración se dio simultáneamente con un crecimiento de la frontera agrícola del orden del 300 % al pasar de 27.3 millones de ha en 1960 a 109 millones en 2013. La mayor parte de esa expansión se ha dado tumbando el bosque nativo y la selva amazónica.

Notas finales

En términos productivos la agricultura colombiana de hoy se puede caracterizar con el modelo dual de Arthur Lewis con algunas complejidades: un sector moderno (caña de azúcar, flores, aceite de palma, banano, etc.), intensivo en capital, tierra y tecnología con acceso a productos financieros; un sector tradicional (tubérculos, frutas, hortalizas, café, cacao, panela, etc.) con unidades de producción pequeñas, intensivo en trabajo familiar que vive en la informalidad; un sector intermedio en tránsito de tradicional a moderno que produce los bienes anteriores y  un sector terrateniente con mucha tierra y una ganadería extensiva de baja productividad.

Actualmente el Gobierno nacional y la Usaid desarrollan el proyecto de catastro multipropósito que busca simultáneamente actualizar el catastro y cruzarlo con el registro para formalizar millones de predios rurales. Por otro lado, la Unidad de Restitución de Tierras avanza lentamente en el proceso complejo de restituir tierras a ocupantes legítimos o propietarios que fueron desplazados por la violencia de las últimas décadas.

Así como los humanos estamos marcados por la experiencia de los primeros años de vida, la nación colombiana también lo está. La forma como se dio la conquista y colonización española de estas tierras sigue pesando en la problemática de la posesión y explotación de la tierra. Los intereses de una clase terrateniente con fuerte representación política ha impedido avanzar en una reforma progresiva de modernización de la relación con la tierra. La tarea del Estado colombiano para aclarar los derechos de propiedad de la tierra y formalizarla, titular los baldíos que han sido ocupados desde hace décadas por ocupantes de buena fe, sustraer y consolidar las reservas forestales de la Ley 2 de 1959, dinamizar el mercado de tierras mediante el cobro de un impuesto predial acorde con el avalúo de la tierra, establecer el derecho real de superficie, otorgar subsidios para compra de tierras para pobres sin tierra o con tierra insuficiente y controlar la expansión de la frontera agrícola son tareas pendientes (Balcázar y Rodríguez, 2013), además de contar con una política de apoyo en bienes públicos (vías terciarias, distritos de riego, asistencia técnica, apoyo en la comercialización, etc.) para que se desarrolle el potencial productivo del agro colombiano (Hernández y Becerra 2013 y Ocampo 2015).

 

Referencias

  • Balcázar, A. y Rodríguez, C. (2013). Tierra para uso agropecuario en Políticas para el desarrollo de la agricultura en Colombia. Bogotá: SAC-Fedesarrollo.
  • Fajardo, D. (1986). Haciendas, campesinos y políticas agrarias en Colombia 1920-1980. Bogotá: CID-Universidad Nacional

  • García, M. (2020). El país de las emociones tristes. Barcelona: Ariel.

  • Harari, Y. N. (2014). De animales a dioses. Breve historia de la humanidad. Barcelona: Debate.

  • Hirschman A. O. (1963). La tenencia de la tierra y la reforma agraria en Colombia. Empleo de las armas fiscales. Extracto del capítulo 2 del libro Journeys toward progress. Studies of economic policy-making in Latin America. Nueva York: XX Century Fund.
  • Lleras, A. (2007). Obras selectas. Tomo II. La cuestión social agraria. Bogotá:Esap.
  • Melo, J. O. (2020). Colombia: Una historia mínima. Barcelona: Crítica.
  • Ocampo, J. A. (2015).  El campo colombiano: Un camino hacia el bienestar y la paz. Bogotá: DNP.
  • Palacios M. y Safford, F. (2002). Colombia, país fragmentado, sociedad dividida. Bogotá:  Norma.
  • Piketty, Th. (2019). Capital e ideología. Barcelona: Ariel.
  • Tirado, A. (1986). El pensamiento de Alfonso López Pumarejo. Bogotá: Banco Popular.

AUTOR

José Leibovich Godenberg

Ingeniero Mecánico de la Universidad Nacional de Colombia. Magíster en Economía de la Universidad de los Andes y doctor en Economía de la Universidad de París, Panthéon-Sorbonne. Es consultor de proyectos de desarrollo territorial y se ha desempeñado como director del CEDE de la Universidad de los Andes, de la Unidad de Investigación en la Gerencia Técnica del Banco de la República y subdirector del Departamento Nacional de Planeación. Actualmente es director de investigaciones económicas de la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia