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La educación durante la República Liberal (1930-1946)

Ilustración por: Diana Pinzón

Debido a su origen bipartidista, el gobierno de Olaya Herrera fue de transición, pero durante este se suscitaron cambios notables. Con respecto a la educación se presentaron avances en el papel del Estado para vigilar la calidad, y se establecieron políticas para eliminar las enormes diferencias entre la escuela urbana y la rural. Y con el fin de elevar la capacitación de los docentes, en 1932 se fundó la Facultad de Educación adscrita a la Universidad Nacional de Colombia.

El cambio más significativo, que se prolongó hasta 1946, se inició durante el primer gobierno de Alfonso López Pumarejo (1934-1938), más conocido como la Revolución en Marcha. Para López la educación estaba en el centro de las transformaciones que el país requería y, según su concepción, esta no se circunscribía al aspecto académico, renglón que jamás descuidó. Implicaba la labor pedagógica con los sectores populares, labor que incluía enseñarle al labriego a preparar sus alimentos, a cultivar la parcela y a ofrecerle lecciones de higiene. De allí el programa educativo Cultura Aldeana, ideado por el ministro de Educación Luis López de Mesa, inspirado en el programa adelantado en México por José Vasconcelos y en la Misión Pedagógica de la República Española. Consistía en brigadas de trabajo que visitaban los municipios para mejorar el nivel de vida del campesinado. A ello se sumaba la Biblioteca Aldeana, un programa para dotar a los pequeños municipios de una biblioteca básica. Entre finales de 1935 y el primer semestre de 1936, se establecieron 674 bibliotecas aldeanas a las cuales se enviaron 95.462 volúmenes. O, en el orden central, la reestructuración de laBiblioteca Nacional, dirigida entre 1931 y 1938 por Daniel Samper Ortega, la cual fue dotada de un moderno y espacioso edificio. El proyecto de educación popular e integración nacional fue complementado en el gobierno de Eduardo Santos con la creación, en 1940, de la Radiodifusora Nacional, que dos años después cubría el territorio nacional. En 1942, durante el segundo gobierno de López Pumarejo, se creó el Instituto Caro y Cuervo, cuyos trabajos de investigación y publicaciones, por sus aportes y rigor, son reconocidos en el mundo académico nacional e internacional.

En 1936 se concretó un gran viraje en la vida política de Colombia. En ese año se aprobó la Reforma Constitucional de 1936, que estableció la libertad de enseñanza; la intervención del Estado en la educación para procurar el cumplimiento de los fines sociales de la cultura y la calidad en la formación intelectual, moral y física de los educandos; la gratuidad de la escuela primaria en los establecimientos estatales, y su obligatoriedad en los grados señalados por la ley

En 1936 se concretó un gran viraje en la vida política de Colombia. En ese año se aprobó la Reforma Constitucional de 1936, que estableció la libertad de enseñanza; la intervención del Estado en la educación para procurar el cumplimiento de los fines sociales de la cultura y la calidad en la formación intelectual, moral y física de los educandos; la gratuidad de la escuela primaria en los establecimientos estatales, y su obligatoriedad en los grados señalados por la ley. Asimismo, la Ley 32 de 1936 prohibió a las entidades educativas, privadas o públicas, rechazar alumnos por razones de género, nacimiento ilegítimo, diferencias de clase o diferencias raciales y religiosas. Estas medidas concitaron el rechazo y la fuerte oposición del episcopado colombiano y del Partido Conservador.

Las anteriores disposiciones eran necesarias para la apertura educativa, pues la enseñanza estaba regida por la Constitución de 1886 y por el Concordato del año siguiente, que establecían una educación confesional, controlada y dominada por la Iglesia católica, con exclusión de otros cultos o de visiones acordes con el avance de la ciencia. El Concordato prescribía:

Art 12. … En las universidades y los colegios, en las escuelas y en los demás centros de enseñanza, la educación e instrucción pública se organizará y dirigirá en conformidad con los dogmas y la moral de la religión católica.

Art 13. El Arzobispo de Bogotá designará los libros que han de servir de texto para la religión y la moral en las universidades […] El gobierno impedirá que en el desempeño de asignaturas literarias, científicas y, en general en todos los ramos de la instrucción, se propaguen ideas contrarias al dogma católico y al respeto y veneración debidos a la iglesia.

Respetando la educación privada, que representaba la mayoría y estaba ejercida fundamentalmente por las comunidades religiosas, el Estado asumió como obligación ética y legal el deber de financiar la educación pública, y se propuso reestructurar la educación secundaria que, en palabras de López, “se había convertido en negocio apostólico”. Entre 1934 y 1938 el presupuesto de educación se multiplicó por cuatro. Las condiciones materiales de las escuelas y los colegios públicos eran lamentables, así como lo era la preparación de los educadores. De allí el interés por la creación y el fortalecimiento de las escuelas normales en Medellín, Tunja, Bogotá, Barranquilla, Manizales, Pasto y Quibdó. Y para las mujeres en Popayán, Ibagué, Gigante y Santa Marta. Como se anotó, en 1932 se creó la Facultad de Educación en la Universidad Nacional de Colombia, con seccionales en Tunja y Bogotá. Por medio de la Ley 39 de 1936, esta fue transformada en la Escuela Normal Superior, inspirada en la institución francesa del mismo nombre y en la Facultad de Ciencias de Berlín. Estuvo dirigida por el pofesor José Francisco Socarrás y fue desmantelada en 1951, como parte de la reacción antiliberal de la época. La Normal Superior ha sido de las más interesantes y luminosas instituciones en la historia de la educación y la cultura colombianas. Se convirtió en la cuna de las modernas ciencias sociales en el país. En una sociedad culturalmente aislada y atrasada como lo era en aquellos días, incorporó a su elenco docente distinguidos catedráticos y científicos europeos —alemanes, españoles y franceses, especialmente— que huían de la persecución nazi, del franquismo y de la Segunda Guerra Mundial.

 

Las novedosas temáticas impulsadas por esta institución contribuyeron al desarrollo de la investigación en ramas de la ciencia desconocidas o insuficientemente tratadas en el país, como la etnología y la antropología. El conflicto con el Perú, en 1932, puso en evidencia el desconocimiento que el Estado y la sociedad colombiana tenían de la zona amazónica y de los llamados territorios nacionales, que constituían el 72 % de la superficie y que albergaban pueblos y culturas apenas conocidos. Las teorías del aprismo y las realidades de la Revolución mexicana sacaron a flote el interés por la población indígena. Por otra parte, la integración del país, tanto geográfica como social y racial, estaba en el centro de los postulados de la Revolución en Marcha. En 1935 se creó el Servicio Arqueológico Nacional, dirigido por Gregorio Hernández de Alba. Ya, el año anterior, el Ministerio de Educación había financiado una misión de investigación etnológica en Tierradentro y San Agustín y otra en La Guajira, integrada por investigadores nacionales y extranjeros. En 1941 se fundó el Instituto Etnológico Nacional, anexo a la Escuela Normal con la participación de Paul Ribet, director y fundador del Museo del Hombre en París, quien fuera acogido por el Gobierno colombiano tras su huída de Francia por su participación en la resistencia. Ese mismo año se vinculó el austriaco Gerardo Reichel-Dolmatoff, que a poco emprendió notables investigaciones de campo en diversas regiones del país. Con la orientación de competentes profesores europeos se formó en la Escuela Normal el primer grupo de etnólogos colombianos.

Uno de los avances más importantes del periodo fue el de la inserción de la mujer en el sistema educativo.

Uno de los avances más importantes del periodo fue el de la inserción de la mujer en el sistema educativo. La Iglesia se había opuesto rotundamente a las recomendaciones de una misión alemana, contratada por el Gobierno en 1924, que sugería dicha integración en la enseñanza media. Al crearse la Facultad de Educación, en 1932, se inscribieron en ella algunas mujeres. Venciendo las resistencias y prejuicios de la época, su número creció lentamente y, en 1935, entre 127 alumnos había 14 mujeres. En la Reforma Constitucional de 1936, aunque no se le concedió el voto a la mujer, se la habilitó para permitirle a las mayores de edad el ejercicio de todas las profesiones, aun aquellas que comprendían autoridad o jurisdicción, en las mismas condiciones que los varones. Y, como se anotó, la Ley 32 de 1936 sobre “democratización de la educación” prohibía la discriminación de género para el ingreso al sistema educativo. En palabras de López Pumarejo, era preciso vincular a la población femenina pues la mujer en su actividad social había quedado reducida a ser “espectadora indiferente en una República de hombres y para uso exclusivo de los hombres”. Las jóvenes obtuvieron el ingreso al bachillerato y, en 1936, se graduó el primer grupo de mujeres bachilleres en el Gimnasio Femenino en Bogotá.

Durante el siglo xix los liberales habían hecho de la educación una parte esencial de sus programas de gobierno. En consecuencia, en 1867 habían fundado la Universidad Nacional de Colombia. Con la Regeneración y la Hegemonía conservadora, por razones ideológicas, la Universidad fue profundamente debilitada. Al amparo de los postulados del Movimiento de Córdoba en Argentina (1918) se desarrolló un movimiento estudiantil que propugnaba por la reforma universitaria, a la cabeza del cual estaba Germán Arciniegas —futuro ministro de Educación— con su revista Universidad.

Para López Pumarejo la reforma universitaria era esencial, hasta el punto de que, tal como lo manifestó: “… si obedeciera solo a mis deseos, esta figuraría como asunto principalísimo de los negocios del gobierno”. De allí que el presidente López dedicara gran parte de sus energías a reconstituir la Universidad Nacional, a dotarla de una moderna Ciudad Universitaria (la primera en América Latina), a destinarle un patrimonio propio, a consagrar su independencia administrativa, a modernizar su estructura académica y a establecer organismos de gobierno con la participación de profesores y estudiantes, plasmada en la Ley 68 de 1935.

Con la apertura del campus de la Universidad Nacional en Bogotá, se crearon las condiciones de la universidad moderna en Colombia. Se fortalecieron los estudios en medicina, ingeniería y derecho, y dentro de cada una de estas profesiones surgieron disciplinas especializadas desconocidas en el pasado. Durante la dinámica rectoría de Gerardo Molina (1944-1948) se abrieron estudios profesionales en filosofía, psicología y economía, y se impulsaron los de biología y química. Con el reclutamiento de profesores de tiempo completo surgió la investigación como elemento esencial de la actividad docente y se incentivaron las publicaciones para difundir el saber de profesores y estudiantes. De la misma forma, el rector Molina creó la Revista Trimestral de Cultura Moderna, precursora de la divulgación académica y científica en el país, con la finalidad de presentar a los colombianos la vida universtiraria y transmitir una síntesis del trabajo intelectual de la Universidad. Ya la universidad no fue solo un centro de difusión de conocimientos venidos de afuera, sino también una casa de estudios interesada en escrutar la realidad nacional tanto en los campos de la naturaleza como de la vida social. Lo que hoy tenemos de investigación académica surgió en aquellos días y todavía somos herederos de sus logros y experiencias. Se promovieron los estudios históricos, las reflexiones filosóficas, las indagaciones económicas y el examen de los problemas sociales del momento. Los investigadores recorrieron el país, levantaron mapas, examinaron culturas indígenas y catalogaron los recursos naturales de regiones enteras apenas exploradas. Las fortalezas de la Universidad Nacional de Colombia de nuestros días no se entienden si no se compreden los esfuerzos realizados por la República Liberal del siglo xx.

AUTOR

Álvaro Tirado Mejía

Profesor titular y emérito de la Universidad Nacional de Colombia, en cuya sede de Medellín fue el primer decano de la Facultad de Ciencias Humanas y vicerrector. Abogado de la Universidad de Antioquia y doctor en Historia de la Universidad París i Panthéon-Sorbonne. Ha ejercido como diplomático, siendo Embajador de Colombia ante la Organización de Estados Americanos (OEA), embajador de Colombia en Suiza y presidente de la Comisión Interaméricana de Derecho Humanos. 

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