Movilizaciones sociales y régimen de política económica

Una vez iniciadas las protestas el abanico de las reivindicaciones se amplía. Así, por ejemplo, en Chile las protestas se originaron por el alza del tiquete del metro, pero ante la reacción brutal de la fuerza pública —más de veinte muertos el primer día de la protesta— el movimiento logró la movilización masiva de la población y las peticiones de los manifestantes empezaron a demandar cambios en el orden político y constitucional. El Ejecutivo se vio obligado a convocar un plebiscito para decidir si se llama o no a una asamblea constituyente.

La reacción de las autoridades, en la mayoría de los países, ha sido el desconcierto y han recurrido a la represión, a veces brutal, como primera medida y, en segundo lugar, como en los buenos tiempos de la Guerra Fría, a culpar a agentes externos, nunca identificados, de ser los promotores de la agitación. Al mismo tiempo, sus aliados en los medios de comunicación masiva se han dedicado a señalar las mejoras que, en los respectivos países, se han presentado en los indicadores sociales: reducción de las necesidades básicas insatisfechas (nbi), de personas en pobreza extrema o las mayores tasas de escolaridad, sin lograr aprehender las causas del malestar que embarga a las sociedades. Colombia, por supuesto, no ha sido la excepción a la regla.

La revolución conservadora se inició en los años ochenta con los gobiernos de Thatcher (uk), Reagan (usa) y Kolh (República Federal de Alemania, rfa) y años más tarde, a través del Consenso de Washington, se generalizó a un gran número de países tanto del centro como de la periferia, instituyó un nuevo discurso “sabio”, poderoso pero no necesariamente cierto, acerca de lo que es una política económica correcta. El eje central del nuevo discurso es la minimización del papel del Estado en la sociedad y la creencia absoluta en las capacidades autorreguladoras de los mercados. Los resultados después de cuarenta años de políticas neoliberales son desesperanzadores: crisis financieras sucesivas, no se terminan los efectos de la última cuando ya se está generando una nueva crisis industrial tanto en los países del centro como en países de la periferia que han dejado en la miseria a los habitantes de amplias zonas (como por ejemplo Detroit, Liverpool, Pensilvania, Lieja). Durante el lapso 1980-2017 los ingresos después de impuestos del 80 % más pobre de la población europea creció cerca del 40 %; en cambio los ingresos del 0,001 % más rico aumentaron más del 180 %. Ha tenido lugar un agudo proceso de concentración del ingreso en el 1% de la población más rica, que ha ido acompañado de crecimientos en la concentración de la riqueza y del poder en manos de una casta de privilegiados. Si en los países del centro llueve, en los de la periferia no escampa, con el agravante de que en estos últimos —en su mayoría— el gasto público prácticamente no modifica la distribución del ingreso. El coeficiente de Gini antes y después de impuestos y transferencias es de la misma magnitud (pnud, 2019).

El eje central del nuevo discurso es la minimización del papel del Estado en la sociedad y la creencia absoluta en las capacidades autorreguladoras de los mercados. Los resultados después de cuarenta años de políticas neoliberales son desesperanzadores.

Tiene lugar entonces un proceso recursivo entre concentración del ingreso, concentración de la riqueza y concentración del poder. Es así, por ejemplo, que la élite más rica ha conseguido que los más ricos, tanto corporaciones como personas naturales, paguen menos impuestos hoy que hace treinta años, al tiempo que se incrementan las tasas de impuesto al consumo, regresivo por naturaleza. Las reducciones impositivas a corporaciones y personas se han defendido con un argumento falaz que dice que la reducción de impuestos hoy genera las inversiones de mañana y los empleos de pasado mañana, argumento repetido hasta la saciedad —en los últimos meses— por la administración Duque para que el Congreso aprobara su reforma tributaria en la cual se favorece a los más ricos.

Se trata de un conjunto de políticas que han generado profundas desigualdades dentro de la sociedad y profundizado la incertidumbre y la indeterminación en gran parte de la población ­—los más desfavorecidos— de cómo enfrentar su futuro y el de sus familias. El malestar de la sociedad no puede ser aprehendido con las herramientas estándar de la teoría económica y, particularmente, con las herramientas utilizadas por los organismos internacionales que impulsan el Consenso de Washington como el Fondo Monetario Internacional (fmi), el Banco Mundial (bm) o la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (ocde), los cuales pretenden que con media docena de indicadores (crecimiento del pib, tasa de inflación, déficits fiscales y en cuenta corriente y nbi) se puede aprehender el estado de una sociedad. Es necesario utilizar metodologías que permitan abordar la complejidad que viven las sociedades actuales en un mundo marcado por el cambio climático y la transformación tecnológica. En este sentido, el informe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (pnud, 2019) sobre desarrollo humano es un paso importante, pues desarrolla una metodología que va más allá del ingreso, más allá de los promedios y más allá del presente. El eje central del análisis propuesto por el pnud gira en torno a la noción de capacidades, en el sentido dado al término por A. Sen y M. C. Nussbaum.

Más allá del ingreso, más allá de los promedios y más allá del presente: Colombia 2020

Las clases subordinadas en Colombia han encontrado formidables barreras para llevar a cabo acciones colectivas en defensa de sus intereses. Durante la Violencia (1946-1958) era imposible llevar a cabo acciones conjuntas entre campesinos liberales y campesinos conservadores en defensa de sus intereses; durante el Frente Nacional tuvieron lugar múltiples movilizaciones a nivel regional y local, demandando la mayoría de ellas: salud, educación, techo y vías de comunicación. Gran parte de estas movilizaciones eran conducidas por las élites locales, que no tenían ningún interés en articularse a movimientos de orden nacional. Incluso, las grandes acciones de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos de Colombia (anuc) al inicio de los años setenta en su lucha por la tierra, que movilizó a miles de campesinos durante meses, no tuvo mayor eco urbano, así como sucedió con el paro cívico de septiembre de 1977 con grandes movilizaciones urbanas, pero ningún eco en el ámbito rural. Como telón de fondo de lo anterior estaban siempre presentes las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (farc-ep). Toda movilización social era automáticamente catalogada por el gobierno de turno como estar instigada o, en el mejor de los casos, infiltrada por las farc-ep, a lo cual los medios de comunicación masiva le hacían eco impidiéndole, de esta forma, que otros movimientos y organizaciones sociales se solidarizaran con sus peticiones y llevaran a cabo acciones conjuntas.

La firma del acuerdo entre el Gobierno nacional y las farc-ep para la terminación del conflicto modificó el panorama social; el espectro desapareció y la conflictividad social reprimida por años se hizo pública. El régimen de política económica surgido a raíz de la apertura económica, iniciada en 1989, profundizó las tensiones ya existentes en la sociedad colombiana. En el orden económico lo anterior dio lugar a menores tasas de crecimiento; a la desindustrialización; a un mayor grado de concentración de la tierra rural y de la riqueza; a una importación elevada y creciente de productos agrícolas —se ha perdido la seguridad alimentarian; mayor flexibilidad laboral e informalidad y tasas elevadas de desempleo, particularmente entre los jóvenes; menores impuestos a los más ricos e impuestos más elevados a los bienes de consumo corrientes. Se trata pues de un conjunto de políticas que favorece la concentración del ingreso y la riqueza. El 1 % más rico recibió el 15,9 % del ingreso en 2017 y el 10 % más pobre el 0,2 % (Garay y Espitia). La tasa impositiva pagada por los más ricos es del 11,5 % para rentas laborales y de solo el 0,79 % para los dividendos y participaciones. El poder sobre el poder del Estado que tienen los más ricos se ve claramente reflejado en las normas tributarias.

Durante el lapso 1980-2017 los ingresos después de impuestos del 80 % más pobre de la población europea creció cerca del 40 %; en cambio los ingresos del 0,001 % más rico aumentaron más del 180 %.

¿Por qué las protestas?

En Colombia, al igual que en otros países de la región, se ha producido efectivamente una mejora apreciable en los indicadores de desarrollo social: más niños van a la escuela; las tasas de mortalidad y morbilidad se han reducido, así como la tasa de natalidad; la esperanza de vida se ha incrementado y más jóvenes de las clases populares van a la universidad, etc. Es claro que las tasas de nbi se han reducido, aunque falta mucho aún por hacer al respecto. Podemos señalar que hay avances en el acceso a las capacidades básicas por parte de los perceptores de ingresos bajos —los más pobres—, pero estas capacidades básicas ya no son suficientes para desempeñarse en el mundo actual, donde el cambio tecnológico ha sido muy profundo; hoy se requiere para desempeñarse en ese mundo lo que Sen denominó capacidades aumentadas, las que demandan para ser adquiridas, entre otras cosas, una educación de calidad en todos los niveles, acceso efectivo a las tecnologías modernas y habilidades para enfrentar crisis desconocidas.

Como lo ha señalado el pnud (2019), en América Latina “se presenta lenta convergencia en las capacidades básicas, rápida divergencia en las capacidades aumentadas”. Dentro de los países hay igualmente una alta divergencia entre los que acceden a las capacidades aumentadas y los que no pueden ir más allá de las capacidades básicas. A las primeras acceden los de mayor ingreso mientras los de menor ingreso tienen barreras infranqueables para acceder estas.

Los gobernantes y, en particular, la clase dominante, nunca han desarrollado, en Colombia, el principio de la alteridad; es decir, ponerse en los zapatos de los otros, comprender las expectativas de los otros y, por consiguiente, son incapaces de mostrar empatía con los otros y más de desarrollar acciones solidarias con los otros, con los miembros de las clases subalternas. La multiplicidad de formas de protesta es el resultado del sentimiento que tiene gran parte de la población colombiana de no ser comprendida e incluso escuchada por ninguna forma de autoridad. El discurso del poder, durante la industrialización sustitutiva, decía a las clases subalternas que el crecimiento conduciría al ascenso social, para lo cual se establecieron mediaciones como las convenciones colectivas, el salario indirecto, la seguridad social, etc. Mediaciones que se han ido marchitando a lo largo de la apertura, generando un profundo malestar social en gran parte de la sociedad colombiana, siendo cada vez mayor la incertidumbre sobre el futuro de esta población y de sus familias. Las probabilidades para un trabajador de hacer carrera en una empresa privada o en un organismo público son cada vez menores. Las convenciones colectivas son cosa del pasado; hoy solo unas pocas empresas tienen convenciones colectivas, pues la mayoría le ha impuesto a sus trabajadores los acuerdos colectivos, en los cuales las conquistas laborales deben ser negociadas de nuevo cada vez que se renueva el acuerdo colectivo, pues los contratos a término indefinido son cada vez más escasos. Las clases populares llegan a la universidad en el momento en que el empleo profesional entre los recién egresados es elevado; los estudios universitarios no garantizan hoy ni ascenso social ni empleo adecuadamente remunerado. Al desempleo profesional se agrega que el 80 % de los egresados que accede a un trabajo lo hace bajo la modalidad de contratos de prestación de servicios de corta duración, que carecen de prestaciones sociales y en los que el contratista debe asumir la totalidad de los gastos referentes a salud y pensiones. Sus salarios efectivos, bajo estas condiciones, son entre un 10 % y un 20 % superiores al salario mínimo mensual vigente.

Dichas condiciones sociales generan, por una parte, una gran incertidumbre, pero asimismo una intensa sensación de haber sido engañado por el poder. La mayoría de los manifestantes ha adquirido las capacidades básicas, no está en situación de pobreza extrema y sus necesidades básicas están satisfechas. Pero no menos cierto es que sus frustraciones, sus miserias y su insatisfacción son igualmente grandes desde el punto de vista de aquellos que las viven, que pueden tener consecuencias graves en el plano personal y, en consecuencia, social. Se trata de una población sometida a lo que Bourdieu denomina el síndrome del contrabajista, situación vivida por aquellos que ocupan posiciones inferiores y obscuras al interior de un universo privilegiado.

Esta situación es vivida por cientos de jóvenes profesionales y técnicos que laboran en grandes organizaciones privadas y públicas de gran prestigio con contratos de prestación de servicios de corta duración, a veces de solo tres meses, que no tienen ninguna posibilidad de ascenso, de adquirir nuevas responsabilidades, que se prolonga por años. Igualmente, están en esta posición los profesores ocasionales de las universidades públicas, con niveles elevados de formación que tienen contratos semestrales de cátedra, los cuales se renuevan durante años, pero que no les permiten vincularse ni a la investigación y mucho menos vincularse a la carrera profesoral. Estas circunstancias no logran ser aprehendidas por los economistas del régimen, que consideran que estas personas no deberían manifestarse dado que no están en situación de pobreza extrema.

El poder sobre el poder del Estado que tienen los más ricos se ve claramente reflejado en las normas tributarias.

Las grandes movilizaciones a finales del 2019 fueron momentos de “liberación”; los manifestantes se dieron cuenta de que su “desesperanza de sí” es similar a la de millones de compatriotas, que hace ver que las miserias que vivía cada uno de ellos no eran su culpa sino de las condiciones sociales que determinan sus posibilidades. Las movilizaciones sociales, sin proponérselo, fueron una acción de liberación de gran envergadura, independiente de los resultados de la negociación con el Gobierno, que no puede olvidarse y que dio lugar a una multiplicidad de formas de protesta que traducen el sentimiento de no ser escuchados, de no ser tenidos en cuenta.

Las movilizaciones masivas testimonian el fracaso de los gobiernos y de los partidos políticos para canalizar las demandas de la ciudadanía y convertirlas en políticas efectivas para solucionar las “miserias” que dieron origen al movimiento de protesta.

Bibliografía

• Bourdieu, P. Cosas dichas. Barcelona: Gedisa, 2007.
• Garay, J. y Espitia, J. Dinámica de las desigualdades en Colombia. Bogotá: Desde abajo, 2019.
• Informe sobre Desarrollo Humano 2019. Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, (2019).