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El arduo proceso de formación de las fronteras nacionales

Ilustración por: Andrés Fernández

Hasta el punto de que, a estas alturas, el que se atreva a decir lo contrario es tildado de traidor a la patria. La verdad es muy diferente. Lo que ha pasado es que, en estas materias, el país perdió más bien la memoria ya que en su momento los tratados concertados en asuntos de límites y sus autores fueron consagrados como paradigmas del conocimiento y el patriotismo. Paradójicamente, por el contrario, todos los países limítrofes han sostenido que perdieron extensos territorios debido a la “geofagia” y la habilidad colombianas.

 

Bases para la determinación de las fronteras

El principio jurídico que sirvió de regla general para la definición de los límites entre las naciones de América Latina que alcanzaron su independencia fue el uti possidetis juris, según el cual las fronteras serían las existentes entre las divisiones coloniales mayores al iniciarse el estado de beligerancia contra el poder español en 1810. En nuestro caso, las existentes entre los virreinatos de la Nueva Granada y el Perú, así como entre el primero y las capitanías generales de Venezuela y Guatemala.

La frontera con el Brasil, que era colonia portuguesa, fue determinada siguiendo lo acordado entre portugueses y españoles antes de la Independencia. Con Panamá y Ecuador se aplicaron también otros criterios ya que eran provincias, primero del Virreinato de la Nueva Granada, hasta 1810, y luego de Colombia.

La frontera con Venezuela

La Nueva Granada lamentó durante muchos años la disolución de la llamada “Gran Colombia” y guardó la esperanza de que pudiera reestablecerse. En 1830 nuestro país temió ser una de las víctimas si España emprendiera la reconquista de sus antiguas colonias.  Esa circunstancia llevó a que en 1833, afanosamente, concertara un tratado de alianza militar con Venezuela, en el que el plenipotenciario venezolano logró incluir disposiciones sobre límites.

En el tratado se señalaba el inicio de la frontera en el cabo Chichivacoa, dividiendo la península de La Guajira en partes iguales. Se establecía, igualmente, una línea recta de norte a sur que privaba a nuestro país del acceso al río Orinoco y de una parte importante de nuestros llanos Orientales. El tratado fue aprobado sin inconvenientes por el Congreso colombiano, pero no por el de Venezuela, que lo objetó por considerar que la frontera establecida no le era favorable.

La Nueva Granada lamentó durante muchos años la disolución de la llamada “Gran Colombia” y guardó la esperanza de que pudiera reestablecerse

Muchos intentos de negociación se frustraron posteriormente, hasta que en 1881 se acordó someter la controversia al arbitraje del rey de España. Diez años después este expidió su fallo que, en términos generales, acogió las tesis colombianas.

Venezuela consideró que el laudo era contrario a sus derechos, e incluso se afirmó que el embajador colombiano en Madrid lo había logrado seduciendo a la regente de España. Trató que Colombia aceptara modificaciones a la frontera establecida utilizando como presión la libre navegación de los ríos comunes. Para Norte de Santander era fundamental la navegación por el río Catatumbo, que desemboca en el lago de Maracaibo, ya que era la única vía para desarrollar su comercio. Algo similar sucedía a los llanos Orientales con el río Orinoco y sus afluentes.

Finalmente, Venezuela acogió el fallo y mediante un tratado firmado en 1941 los dos países acordaron la libre navegación de los ríos comunes y definieron algunos aspectos que habían quedado pendientes durante el proceso de demarcación de la frontera.

Tanto el tratado de 1941 como el laudo español fueron considerados en Venezuela como una gran afrenta a su soberanía.

La frontera con Ecuador

La determinación de los límites estuvo enmarcada por las confrontaciones entre caudillos de Cauca y Ecuador.

Mientras que nuestro país consideraba que debían ser los establecidos en la Ley sobre División Territorial del 25 de junio de 1824 de la Gran Colombia, Ecuador sostenía los de la Audiencia de Quito, constituida en 1563, que comprendía todos los territorios al sur del río Caquetá y buena parte de los actuales departamentos de Nariño y Cauca e incluso Valle del Cauca.

Cuando llegó a la Presidencia de Colombia, José Vicente Concha se propuso definir de una vez por todas la frontera con Ecuador. El 15 de julio de 1916 se firmó el tratado Suárez-Muñoz Vernaza.

En términos generales Ecuador, en el sector oriental, renunció a sus pretensiones sobre los territorios comprendidos entre el río Caquetá y el divorcio de aguas entre los ríos Napo y Amazonas. Al occidente y en la parte central aceptó el límite establecido en la ley de 1824, como lo sostenía Colombia.

Nuestro país incluyó en el tratado una constancia que dejaba a salvo los “posibles derechos de terceros” ya que sabía que le sería imposible lograr un acuerdo con Perú, si no se le reconocían los territorios ubicados al sur del río Putumayo, que en buena parte ocupaba Colombia.

El tratado fue severamente atacado en Ecuador, en donde consideraron que Colombia “carecía de derechos amazónicos” y que se habían cedido gratuitamente territorios “de una extensión mayor que la sierra y la costa ecuatorianas juntas”.

Colombia, cinco años después, en el tratado Lozano-Salomón, reconoció a Perú los territorios al sur del río Putumayo que Ecuador había aceptado como colombianos en 1916.  Como consecuencia, el gobierno ecuatoriano rompió relaciones con nuestro país.

El establecimiento de las fronteras amazónicas, especialmente con Perú, fue una de las más complejas tareas de la política exterior colombiana ya que todos los territorios ubicados al sur del río Caquetá eran reclamados, además de Perú, por Ecuador y Brasil.

La frontera con Perú

El establecimiento de las fronteras amazónicas, especialmente con Perú, fue una de las más complejas tareas de la política exterior colombiana ya que todos los territorios ubicados al sur del río Caquetá eran reclamados, además de Perú, por Ecuador y Brasil.

En 1911, a raíz de la instalación por Colombia de un pequeño puesto militar en el sitio de La Pedrera, en la margen derecha del río Caquetá, hubo un enfrentamiento armado con un gran contingente de tropas peruanas, que culminó con la expulsión del destacamento colombiano.

Años después, Marco Fidel Suárez se impuso la meta de solucionar los problemas de límites, entre ellos el que teníamos pendiente con Perú, en donde había asumido por segunda vez la presidencia Augusto B. Leguía, que estaba animado por los mismos propósitos.

Perú inicialmente reiteró sus pretensiones sobre el área comprendida entre los ríos Caquetá y Amazonas. Como en la región venía realizando sus actividades de explotación de caucho la Casa Arana, de la que era propietario el influyente senador peruano por la provincia de Loreto Julio C. Arana, para aceptar que la frontera siguiera por el Putumayo Leguía sugirió que Colombia lo indemnizara. La propuesta no fue aceptada, pero se acordó incluir en el tratado un artículo en el que las partes se obligaban a respetar los derechos adquiridos por nacionales del otro Estado en los territorios que correspondieran.

Pero además Colombia buscaba a toda costa una salida soberana al Amazonas, que Perú no aceptaba argumentando que el límite natural era el río Putumayo, que el territorio entre el Putumayo y el Amazonas estaba bajo su soberanía y que existían poblaciones peruanas como Leticia.

Finalmente, Perú aceptó reconocer la salida al Amazonas. En 1922 se firmó el tratado, que por solicitud peruana se mantuvo inicialmente en reserva. Sin embargo, fue conocido, lo que generó una fuerte reacción en todo Perú, especialmente en las provincias amazónicas del norte.

El gobierno peruano eludió durante algún tiempo la presentación del tratado a la aprobación del Congreso. y cuando finalmente lo hizo, Brasil le solicitó que se aplazara su consideración. No solo porque Colombia pretendía los territorios al oriente de una línea entre la desembocadura del Apaporis en el Caquetá y la población de Tabatinga, que estaban en poder de Brasil, sino porque supuestamente la salida colombiana al río Amazonas alteraría el statu quo existente y crearía un nuevo codominio sobre el río, que afectaría la seguridad brasileña.

Finalmente, gracias a la firme posición de Leguía el tratado entró en vigencia y en agosto de 1930 Perú entregó formalmente Leticia a Colombia.

Dos años después, el 1 de septiembre de 1932, resentidos por la entrega del Trapecio Amazónico a Colombia, un grupo de civiles y militares peruanos se tomó la población de Leticia, lo que dio lugar a un conflicto armado entre los dos países, que concluyó definitivamente con la concertación del Protocolo de Río de Janeiro en 1934.

La frontera con Brasil

La aguda pugna entre Colombia, Ecuador, Perú y Brasil por los territorios amazónicos complicó enormemente la fijación de los límites con este último. Nuestro país defendía sus derechos sobre los territorios al sur del río Caquetá hasta su desembocadura en el Amazonas. Pero Brasil, que los tenía bajo su control, logró que tanto Perú como Ecuador así lo reconocieran. Colombia se vio entonces “atrapada” por los otros tres países.

La decisión de Colombia de crear una “intendencia oriental” y una aduana sobre el río Negro para impedir el contrabando y el progresivo avance brasileño no tuvo resultado y originó protestas de Venezuela, Ecuador y Perú, además de Brasil. Finalmente, para apresurar la fijación de la frontera con Brasil, se acordó dividir su definición en dos partes. Una desde la Piedra del Cocuy hasta la desembocadura del río Apaporis en el Caquetá y otra desde allí hasta Tabatinga, en el río Amazonas.

La primera parte se definió por el tratado Vázquez Cobo-Martins en 1907. La segunda, en noviembre de 1928 en el tratado García Ortiz-Mangabeira, en el que igualmente se convino la libre navegación por los ríos Amazonas, Caquetá, Putumayo y todos sus afluentes y confluentes.

La frontera con Panamá

La separación de Panamá generó en Colombia un enorme sentimiento antinorteamericano que se prolongaría por varias décadas. Cuando Rafael Reyes asumió la presidencia en 1904 consideró que esa pérdida era irreversible y que era indispensable restablecer las relaciones con Estados Unidos, reconocer la independencia panameña y demarcar la frontera común.

Sin embargo, como Panamá pretendía la región de Juradó, sobre el Pacífico, al noroeste del departamento del Chocó, en marzo de 1908 el gobierno de Colombia dispuso su ocupación militar.

Panamá solicitó a Estados Unidos la aplicación del tratado en el que los norteamericanos se comprometían a garantizar la independencia panameña. Washington, que no quería meterse en más líos con Colombia, no acogió la solicitud.

El general Reyes, siguiendo su propósito, inició negociaciones con Estados Unidos y Panamá.  El 9 de enero de 1909 nuestro representante en Washington, Enrique Cortés, suscribió dos tratados. Uno con el secretario de Estado, Root, y otro con el representante de Panamá, Carlos Arosemena, en el que, entre otras cosas, se establecía la frontera.

La separación de Panamá generó en Colombia un enorme sentimiento antinorteamericano que se prolongaría por varias décadas. Cuando Rafael Reyes asumió la presidencia en 1904 consideró que esa pérdida era irreversible y que era indispensable restablecer las relaciones con Estados Unidos, reconocer la independencia panameña y demarcar la frontera común.

En el sector oriental el límite no ofrecía mayor problema, pero en el occidental, en la zona de Juradó, Colombia sostenía que debía ser el señalado en el artículo 7 de una ley del 9 de junio de 1855, que seguía el límite actual. Panamá consideraba que debía ser el establecido en un decreto de 1847 que fijó los límites del territorio del Darién.

Como la diferencia persistía, en el tratado con Panamá se estableció, por sugerencia de Estados Unidos, que la frontera en la región de Juradó se resolvería mediante un arbitraje.

Cuando el gobierno colombiano presentó los tratados para la aprobación de la Asamblea Legislativa, provocaron una reacción tan violenta en el país que resolvió retirarlos de la consideración parlamentaria. Al poco tiempo, Reyes se vería obligado a renunciar. Parte de los motivos del rechazo a los tratados fue el sometimiento a arbitraje del límite en Juradó.

Cinco años después se concertó el tratado Urrutia-Thomson con Estados Unidos. En este se señaló que la frontera con Panamá sería la que Colombia pretendía. Panamá no tuvo otro remedio que aceptar, y en agosto de 1924 suscribió con nuestro país el tratado Vélez-Victoria, en el que se establecieron los límites actuales.

El calumniado proceso de fijación de las fronteras nacionales fue un logro extraordinario de muchos gobiernos y de arduos debates, en los que participaron una pléyade de hombres ilustres de nuestra patria.

AUTOR

Julio Londoño Paredes

Profesor titular y decano de la Facultad de Ciencia Política, Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad del Rosario. Exministro de Relaciones Exteriores y doctor Honoris Causa en Derecho y Jurisprudencia de la Universidad Militar Nueva Granada