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Retos y paradojas de la frontera colombo-venezolana

Ilustración por: Diana Pinzón

1) Ámbito guajiro-caribeño, que se ha visto marcado por cuatro fenómenos no bien procesados:

  • Está poblado por comunidades transfronterizas como los wayúu. Estos constituyen el 20 % de la población indígena de cada país y su carácter pastoril y comercial los lleva a circular por el territorio ancestral, que se extiende desde la alta y media Guajira hasta Riohacha y Maracaibo. Las constituciones de 1991 en Colombia y de 1999 en Venezuela  les reconocen la doble nacionalidad, pero las tensiones intergubernamentales anulan esa condición binacional.
  • Concentra conflictos limítrofes, de modo que en momentos de disputa intergubernamental salta la percepción de pérdida territorial que se traduce en controles y hostigamientos locales.
  • Tiene recursos energéticos (gas, petróleo y carbón), pero los dos países no son socios en proyectos estratégicos (gasoducto y poliducto), tampoco aprovechan los ríos compartidos, pese a graves problemas de agua y vías, ni cuentan con un Centro Binacional de Atención en Frontera (Cebaf) en el único paso formal, Paraguachón-Maicao-Guarero-Paraguaipoa.
  • Corrupción e inseguridad compartidos, cuyas estructuras aprovechan la ausencia de los Estados en bahías y trochas para adelantar contrabando, comercio informal e ilegal —por ejemplo, de vehículos robados— y tráfico de drogas ilícitas hacia Panamá e islas del Caribe.

2) Ámbito Perijá-Catatumbo, configurado por la serranía y cuencas hidrográficas que hacen parte del suroriente del Cesar y el nororiente de Norte de Santander en Colombia, y del occidente del Zulia venezolano. Pese a la amplitud del territorio involucrado y de sus múltiples interacciones, no cuenta con un paso fronterizo formal, y aunque fue perfilada una vía para conectar Maracaibo con Valledupar en dos horas, nunca se construyó. Cada país constituyó parques nacionales —Venezuela, el Sierra de Perijá y el Ciénagas del Catatumbo; Colombia, el Catatumbo Barí—, pero no hay coordinación para su manejo ni se ha aceptado declarar como parque binacional al Cerro Pintao. Enfrentan, entonces, al menos cuatro procesos compartidos:

  • Exterminio de indígenas “motilones” (yuko-yukpa y barí)  y despojo de sus territorios; la crisis algodonera del lado colombiano estimuló la migración sin regulación a haciendas zulianas.
  • Explotación petrolera y de carbón en el río Tarra venezolano y el Catatumbo colombiano, que aumenta el desplazamiento indígena, el flujo poblacional, la contaminación y la erosión de la cordillera, pero no hay coordinación ambiental o energética.
  • Cultivos de usos ilícitos, como marihuana, coca o amapola, incrementan la colonización,  la degradación ambiental y la violencia con efectos negativos para los dos países, no enfrentados en forma cooperativa.
  • Explotación petrolera y bonanzas ilegales atrajeron grupos armados irregulares al Perijá: a principios de los ochenta, las Farc, el ELN y el EPL; luego llegaron grupos paramilitares como Los Rastrojos y el Clan del Golfo; más recientemente, disidencias de las extintas Farc. Todos ellos recaban recursos mediante secuestros y extorsiones, y se enfrentan por el control territorial y las economías ilegales cometiendo masacres, desplazamiento poblacional, reclutamiento forzado y ataques a la infraestructura petrolera perjudiciales para los ecosistemas binacionales. Esa grave problemática no impulsa la cooperación transfronteriza, sino, más bien, mutuas recriminaciones.

3) Ámbito andino, en la zona central y sur de Norte de Santander en Colombia; Maracaibo y el sur del lago en Zulia y Táchira, en Venezuela. Es el ámbito más poblado y activo, y ha presenciado audaces iniciativas para actuar conjuntamente.

  • En el pasado, representó el 80 % del intercambio comercial y el mercado de trabajo binacional en el marco de la Comunidad Andina de Naciones (CAN), pero la tensión intergubernamental y la salida de Venezuela de la CAN paralizaron esas actividades e impusieron restricciones a la libre circulación de personas y comercio.
  • Concentra los puentes internacionales: Unión, Simón Bolívar, Santander y Tienditas. Pero hasta sus principales ciudades, Cúcuta y San Cristóbal, viven una grave situación de desempleo urbano y rural, informalidad laboral y pobreza. Desde que el circuito agroexportador de Norte de Santander dejó de ser exitoso, reemplazó a Nariño como la región del país con más área sembrada de coca, trecientas hectáreas alrededor de Cúcuta (Dulce-Romero, 2021; El Espectador, 2021). Pese a cincuenta años de guerra contra las drogas y a la fumigación aérea contra los cultivos para usos ilicitos, la productividad de dichos cultivos aumentó (Reyes, 2020; Rico, 2020).
  • Incluye centros urbanos densamente poblados los cuales constituyen una conurbación con familias binacionales e intensos flujos poblacionales, que permanentemente necesitan pasar de un país al otro.
  • Presenta desconexión de vías que, articuladas por la carretera Marginal de la Selva, podrían comunicar el occidente, el centro y el oriente de Colombia y Venezuela con el océano Atlántico a través de sus puertos sobre el Caribe, lo que fortalecería la presencia internacional de los dos países.
  • Fuertes interacciones han generado iniciativas de cooperación transfronteriza entre autoridades locales, sectores económicos y universidades, que propusieron: a) reconocer que conforman un sistema metropolitano binacional; b) conformar asambleas en zonas compartidas (aunque el Parlamento Andino así lo recomendó, la aplicación de esa decisión se demoró) y c) delimitar zonas de integración fronteriza (ZIF) —desafortunadamente, tensiones entre los gobiernos centrales lo impidieron—. De hecho, en 2019, luego del cierre de puestos fronterizos y consulares y la ruptura de relaciones, entre las gobernaciones funcionaron mesas de trabajo para procesar asuntos ambientales y humanitarios.
  • Hay explotación de petróleo y carbón a cada lado sin proyecto compartido.

4) Ámbito de los llanos —Arauca-Casanare en Colombia y Apure en Venezuela—, como parte de una extensa planicie regada por ríos comunes. Contrario a lo que sucede en Colombia, donde las tierras llanas son una región periférica que sirve como despensa agrícola al centro de un país concentrado en los Andes, en Venezuela constituyen el 35 % del territorio. Aunque la mayor parte de la población vive en Caracas y otras ciudades se encuentran en las montañas, el acceso a los llanos es relativamente fácil, y el río Orinoco, al sur, brinda salida directa al Atlántico. Cada lado cuenta con su parque nacional, Santos Luzardo en Venezuela y El Cocuy en Colombia, entre los que no existe coordinación, como tampoco ocurre en el puente binacional José Antonio Páez. Al menos cuatro ejes conectan y separan este ámbito:

  • Población compartida pero estigmatizada por su nacionalidad; grupos indígenas afectados —guahibo-jiwi-sikuani, guahibo-cuiba-wamone, yaruro-pume—; mestizaje a partir del hato, en torno al cual giró la sociedad llanera binacional; fundación de pueblos del Arauca colombiano por venezolanos; historia conjunta interferida con tensiones por la delimitación.
  • Petróleo e infraestructura vial que conectan y separan. En ambas márgenes del río Arauca han tenido impactos sociales, económicos, políticos y ambientales que se suman a otros asuntos necesitados de manejo concertado y cooperación transfronteriza. Del lado colombiano la falta de vías terrestres ha obligado al comercio nacional a transitar por Venezuela. Desde hace mucho se han propuesto proyectos binacionales sobre dos ejes fluviales: Orinoco-Apure, que conectaría este ámbito y el de Táchira-Norte de Santander con el océano Atlántico, y Meta-Orinoco, que permitiría navegar hasta Puerto López y completar la conexión interoceánica Atlántico-Pacífico por vía terrestre Villavicencio-Bogotá-Buenaventura. Sobre el río Arauca, que en gran parte sirve de límite a los dos países, se ha previsto la habilitación varios pasos fronterizos para personas y carga. Las tensiones interestatales han impedido su concreción.
  • Debido a los ecos de conflictos de un país en el otro, desde las guerras federalistas venezolanos pasaron el río, fundaron poblaciones en territorio colombiano y se dedicaron a la ganadería; colombianos se refugiaron en Venezuela huyendo de la guerra de los Mil Días (1899-1903) y, a su vez, venezolanos buscaron refugio en Colombia en virtud del golpe de Estado de Juan Vicente Gómez contra Cipriano Castro en 1908. Tras el intento de derrocar al presidente del estado Apure, en 1915, hubo refugios en Arauca. Luego vino “la Humbertera” del contrabandista Humberto Gómez, quien en diciembre 1916 se tomó Arauca, la declaró república independiente, asesinó al comisario, tomó el dinero del municipio y saqueó poblados. Al ser capturado ahí por autoridades venezolanas suscitó acusaciones del liberal Enrique Olaya Herrera contra el gobierno conservador de José Vicente Concha (1914-1918) por la baja capacidad de defensa de la soberanía colombiana. Con el asesinato de Jorge Eliécer Gaitán se desató en Colombia el proceso conocido como La Violencia y la represión conservadora provocó el éxodo de liberales hacia el llano. El general Gustavo Rojas Pinilla (1953-1957) procuró la entrega y el desarme de las guerrillas de los llanos y, para “pacificarlos” y ensanchar la frontera agrícola, su gobierno adelantó un proceso de colonización del Sarare. Posteriormente, el ELN lanzó ataques contra instalaciones militares venezolanas argumentando defender a los campesinos migrantes maltratados por autoridades del vecino país, que los habían amenazado con perseguirlos “en caliente” sobrepasando la línea limítrofe. Con todo, la neutralidad del país vecino ante el conflicto colombiano impidió una acción conjunta.
  • Grupos irregulares como el ELN o disidencias de las Farc aumentan su acción en ambos países. Violando el derecho internacional humanitario someten a la población civil a la confrontación (con artefactos explosivos, minas antipersonales, desplazamientos masivos, confinamientos, asesinatos, secuestros, reclutamiento de niños/as y adolescentes, etc.). Grave situación de violencia se vivió en Apure en marzo de 2021, por enfrentamientos entre algunas disidencias y la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) que afectaron a la población forzándola a cruzar el río hacia Arauca (France 24, 2021), en una escalada de violencia que se extendió hasta comienzos de 2022.

5) Ámbito Orinoco-Amazonas. En el sector medio se comparte una estrella fluvial, pero por diferendos territoriales no se han podido aprovechar los ríos comunes para conexiones interoceánicas. El sector alto pone en contacto las hoyas del Orinoco y el Amazonas por el Guainía o río Negro, para configurar los últimos 105 km de frontera colombo-venezolana, lo cual abre posibilidades al intercambio binacional con Brasil. Es tanta la dependencia de este río por parte de la población compartida entre ambos países, que se requiere su complementariedad para la subsistencia. De este ámbito hacen parte Vichada y Guainía en Colombia y el oeste del Estado Amazonas en Venezuela, con al menos cinco interacciones cruciales:

  • Existe una población compartida pero dividida. La colonización comenzó desde el piedemonte llanero de ambas naciones. Las comunidades indígenas guahibo-sikuani, piaroa, curripaco, baré, ñengatú y yabiteros, entre otras, logran mantenerse en las hoyas de los grandes ríos y sus afluentes a costa de su deterioro físico y cultural, pérdida de territorios ancestrales y precarias condiciones de vida.
  • Una delimitación traumática impide navegar por ríos comunes y desarrollar proyectos conjuntos.
  • La economía de extracción de minerales —diamantes, oro y metales industrializables como la bauxita— tiene nocivos efectos sobre la población, la vegetación, la fauna y los suelos frágiles del escudo Guayanés, que se ven afectados para la agricultura y la ganadería. La explotación de oro provoca intensa actividad transfronteriza y muchos conflictos. Desde la Orinoquia venezolana hay efectos erosivos por la labor de garimpeiros que penetran por Brasil.
  • Los dos países desaprovechan las interacciones. Por ejemplo, para el desarrollo de la industria turística en los parques nacionales o la construcción de una hidroeléctrica sobre el río Orinoco, que generaría energía para las dos naciones y permitiría la interconexión con el río Amazonas.
  • El abandono estatal por parte de las dos naciones ha dejado prosperar la minería ilegal de oro y el contrabando de gasolina, y no hay coordinación ni siquiera en los puestos de control fluvial. Los cultivos de coca en Colombia y los grupos armados ilegales generan problemas de seguridad.

En conclusión, los distintos ámbitos fronterizos evidencian enormes paradojas producto del peso de la desconfianza y la reducción de la frontera a línea limítrofe, que impiden hacerle frente a amenazas comunes y aprovechar las grandes oportunidades de las interacciones sociales, ambientales y de recursos naturales. Algunas de esas paradojas son: poblaciones compartidas, la mayoría de las cuales se han ido extinguiendo a cada lado; recursos de biodiversidad y energéticos que podrían convertir a los dos países en potencias, si negociaran conjuntamente en escenarios internacionales; conurbaciones y poblados situados unos frente a otros con intensas articulaciones, que son vistos con temor por las capitales; proliferación de trochas y deterioro de infraestructuras compartidas (reparar un puente entre los dos países se vuelve un problema de seguridad nacional); ríos comunes que requieren cuidar las cuencas hirdrográficas y respetar la libre navegabilidad; ausencia de los Estados y de coordinación entre estos, que propicia el aumento de cultivos ilícitos, contrabando y violencia. Por eso, programas que no consideren las especificidades de los ámbitos fronterizos están condenados a pobres resultados o al fracaso, como lo están también los procesos o las políticas nacionales, regionales y globales que ignoran sus repercusiones en las fronteras, según se trate de una zona densamente poblada, del lugar de comunidades compartidas o de un área selvática o desértica.

…a principios de los ochenta, las Farc, el ELN y el EPL; luego llegaron grupos paramilitares como Los Rastrojos y el Clan del Golfo; más recientemente, disidencias de las extintas Farc.

Recientes tensiones intergubernamentales con múltiples efectos

Aunque crecen las mutuas repercusiones generadas por realidades de cada país y por difíciles interacciones en zonas fronterizas, los centros políticos de Colombia y Venezuela no cesan de responsabilizarse mutuamente y de insertar su disputa hasta en la geopolítica global. Las tensiones entre los gobiernos de Nicolás Maduro e Iván Duque impidieron que funcionara la institucionalidad para manejar la vecindad. Ninguno de los mecanismos existentes fue convocado. Para coordinar el control bilateral de seguridad fronteriza funcionaba la Comisión Binacional Fronteriza (Combifron), que reunía a ministros de Defensa y comandantes de guarniciones fronterizas y había generado un manual de procedimiento operativo y un mecanismo de verificación de incidentes que permitía valorar conjuntamente los hechos conflictivos y coordinar acciones ante la delincuencia y la violencia en la frontera. La Comisión Presidencial de Integración y Asuntos Fronterizos (Copiaf), o Comisión de Vecindad, facilitaba el diálogo y la acción conjunta de actores locales, regionales y binacionales. La Comisión Negociadora (Coneg) trabajaba sobre los asuntos limítrofes.

En 2013 Maduro acusó a Colombia de conspiraciones; en 2015 ordenó deportar miles de colombianos, quemar sus viviendas y “cerrar la frontera”. Mientras tanto las crisis en Venezuela fueron forzando el éxodo poblacional en sus variadas modalidades —comunidades indígenas transfronterizas; retorno de colombianos con familia binacional; personas que entran permanentemente a Colombia a buscar ingresos, bienes y servicios; más de dos millones de venezolanos que atraviesan Colombia hacia otros países o se quedan buscando refugio y alternativas para vivir—. Aunque en 2016 Maduro permitió abrir algunos pasos peatonales, en septiembre anunció la militarización del Táchira y luego volvió a ordenar “cierre de frontera”.

Iván Duque, dos meses después de asumir la Presidencia de Colombia en agosto 2018, afirmó que con Venezuela mantendría la relación a nivel consular y no tendría embajador, sino un encargado de negocios porque “lo que hay en Venezuela es una dictadura” (Pacheco, 2021). Con su partido, el Centro Democrático, secundó la estrategia de Trump de mantener “sobre la mesa” todas las opciones posibles frente a Maduro y se unió al sector opositor que privilegiaba la presión externa para buscar una salida. Maduro se posesionó de nuevo en enero 2019, pero debido a las irregularidades en su reelección la Asamblea Nacional (AN) encargó de la Presidencia de Venezuela a Juan Guaidó, quien fue reconocido por más de cincuenta países, entre ellos Colombia. Duque, junto a otros gobiernos, acompañó a Guaidó el 23 de febrero de 2019 en un intento de ingresar ayuda humanitaria a Venezuela desde Cúcuta como estrategia para alcanzar los objetivos de fin de la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres. Se esperaba conquistar así apoyo social, dividir las Fuerzas Armadas y propiciar la caída de Maduro. La operación fracasó y este se aferró aún más al poder; ordenó “cerrar fronteras”, desplegar ejercicios militares y un sistema de misiles en la frontera, bloquear puentes binacionales, romper relaciones con Colombia y expulsar al personal diplomático y consular colombiano. En marzo de 2020, por la pandemia, Duque ordenó “cerrar fronteras”, y el 1 de junio de 2021 dio la orden de “reabrirlas”. En octubre de 2021 Maduro puso a Fredy Bernal —designado “protector” para vigilar a la gobernadora elegida, que era de oposición— a desbloquear algunos puentes como parte de su campaña para gobernador del Táchira.

Órdenes de “cierre de fronteras” desde Caracas y Bogotá obstruyen los siete pasos formales existentes en los 2219 kilómetros de línea limítrofe, lo que obligó a personas y mercancías a atravesar por trochas en desiertos, montañas, ríos y selvas. Allí, grupos armados irregulares se disputan el control de esas vías informales, imponen abusivas regulaciones a los traseúntes y los someten a extorsión, trabajo forzado y explotación sexual. Los anuncios unilaterales de “reapertura de frontera” no coordinan ni siquiera horarios. Hasta ahora, mediados de 2022, sigue el cierre comercial por los puentes por donde en otros tiempos pasaba 70 % de un comercio que en 2008 alcanzó 8000 millones de dólares. Hoy, en cambio, su canalización por La Guajira, que es el único paso permitido, aumenta costos y deja al ámbito andino en desventaja. Los “cierres” desconocen las fuertes interacciones fronterizas en la más larga, abigarrada y compleja frontera de cada país, como se muestra en la primera parte de este texto. La tensión y el cierre de pasos fronterizos formales y de canales de comunicación interestatal provocan daños a las poblaciones más vulnerables y agudizan los problemas compartidos. Más aún cuando ambos gobiernos se radicalizan entre sí, rompen relaciones interestatales, impiden que circulen legalmente los flujos poblacionales y comerciales, anulan la institucionalidad para atender esa estrecha vecindad y no dejan que funcione ningún canal de comunicación intergubernamental.

En lugar de una respuesta integral que proteja la vida y la seguridad de la población, establezca planes de contingencia y ayuda humanitaria y avance en la construcción de Estado, los gobiernos centrales de ambos países militarizan las zonas fronterizas en su lógica de “seguridad nacional”, aunque el envío de ejército no implica mayor seguridad. Por ejemplo, en septiembre de 2017 Maduro anunció la militarización del Táchira y en 2019 declaró alerta ante una eventual agresión de Colombia y ordenó realizar ejercicios militares y desplegar un sistema de misiles para defensa. En julio de 2020 la tensión aumentó con la llegada de 53 efectivos estadounidenses a cinco unidades militares cerca a Venezuela, según el ministro de Defensa colombiano de aquella época “para asesoramiento y entrenamiento en la lucha contra el narcotráfico”. En marzo de 2021 Maduro anunció el envío a Apure de mil milicianos para reforzar la unión cívico-militar-policial en defensa de la soberanía. Finalmente, en medio del aumento de la tensión y militarización se profundiza una peligrosa inseguridad fronteriza.

El abandono estatal por parte de las dos naciones ha dejado prosperar la minería ilegal de oro y el contrabando de gasolina, y no hay coordinación ni siquiera en los puestos de control fluvial.

Grupos armados irregulares aprovechan la situación

Mientras crecía la tensión entre los centros políticos de Colombia y Venezuela, se agravaban los problemas en ambos países y en los ámbitos fronterizos pues grupos armados irregulares, como el ELN y disidencias de las Farc, aprovechaban la situación. La fundación Pares ha mostrado que en la frontera colombo-venezolana operan 28 estructuras armadas ilegales, y que la inseguridad aumentó bajo la administración Duque. El Clan del Golfo creció, las disidencias de las Farc extendieron su operación de 56 a 150 municipios y el ELN, de 99 a 170 municipios. El Gobierno Duque y su partido responsabilizaron de esa problemática al proceso de paz y a una conspiración internacional (Ávila, 2021; Pares, 2020). Pero en ese agravamiento inciden la negativa del ELN y del gobierno Duque a negociar la terminación del conflicto armado, la limitada implementación del Acuerdo de Paz con las Farc, la falta de estrategia frente a las disidencias, la sobreexplotación minera por multinacionales que no protegen los recursos naturales y el escaso uso de rentas petroleras producidas en esas zonas para el mejoramiento de la calidad de vida de sus pobladores.

Muchos otros estudios muestran que los grupos armados irregulares profundizan su guerra en la frontera (Aponte, Larratt-Smith y Trejos, 2021; Parada, 2021; Trejos, Larratt-Smith y Aponte, 2021) y al mismo tiempo se expanden hacia Venezuela, ya no solo para usarla como retaguardia estratégica y refugio, sino haciéndose realmente binacionales, aunque operen bajo lógicas distintas a cada lado. Del lado colombiano, por ejemplo, el frente Domingo Laín, del ELN, y la disidencia del Frente X Martín Villa, de las antiguas Farc, aprovechan la ausencia o distorsionada presencia del Estado para someter a la población. El ELN extorsiona la industria petrolera, la venta de gasolina, el comercio, la ganadería y el transporte, y las disidencias controlan las rutas de narcotráfico. Se repiten ahora los enfrentamientos que ELN y Farc protagonizaron entre 2004 y 2011, y los amplían a disputas por el control de ríos como el Arauca.

Analistas del tema han mostrado que del lado venezolano hay un tipo distinto de grupos armados irregulares —al menos en Zulia, Táchira, Apure, Monagas, Bolívar y Amazonas—, que permiten y aprovechan la corrupción y al mismo tiempo cazan rentas ilegales. Diversas disidencias de las Farc actúan en ambos lados. Algunas, como la de “Iván Márquez”, lo hacen en forma más cercana al gobierno de Maduro, como también lo hace el ELN. Ante la crisis económica debida a la caída de precios del petróleo, el mal estado de la industria petrolera y las sanciones estadounidenses, la necesidad de conseguir recursos llevó al Gobierno a crear en febrero de 2016 el Arco Minero del Orinoco como zona de desarrollo estratégico, para intentar atraer inversionistas turcos, chinos y rusos. Allí operan grupos irregulares como los llamados “pranes”  y “sindicatos”, que explotan oro, coltán y tierras raras (InSight Crime, 2020). El ELN vió la posibilidad de conseguir nuevos recursos imponiendo “vacunas” y controlando parte de la extracción y el tráfico de esos materiales en favor del régimen de Maduro, que lo incentivó a asumir como agente de orden en zonas mineras de los Estados Bolívar y Amazonas y en la frontera con Guyana. El enfrentamiento del ELN con la banda Sindicato de Barrancas del Orinoco incidió en que Monagas cerrara 2021 como el séptimo Estado más violento de Venezuela —con gran afectación poblacional, en particular de los indígenas waraos, que viven cerca del río—, como señala el Observatorio Venezolano de Violencia (Andara, 2022).

Enfrentamientos entre la FANB y el Frente 10 disidente a finales de marzo de 2021 forzaron el desplazamiento de unas 6000 personas de Apure a Arauca. Allí se concentraba una disputa entre disidencias de Gentil Duarte, la Segunda Marquetalia de Iván Márquez, el ELN y otros grupos irregulares. El 11 de enero de 2022 más de doscientas personas —entre las que se encontraban indígenas, campesinos y comerciantes de Puerto Páez, en el Apure venezolano— fueron obligadas a desplazarse forzosamente hacia el Vichada, en Colombia, por la espiral de violencia del ELN y las disidencias. Un informe de la Organización Nacional Indígena de Colombia (Onic) (Medina, 2022) denunció amenazas contra las comunidades en esos territorios, riesgo de reclutamiento forzado de niñas/os y siembra de minas antipersona, y pidió apoyo humanitario para familias indígenas amorúa y sikuani desplazadas, que carecen de condiciones dignas y culturalmente pertinentes. Ese aumento de violencia también se vió del lado colombiano de la frontera. En 2021 esos grupos irregulares atacaron pueblos de Arauca y asesinaron centenares de personas. En Cúcuta en diciembre 2021 al parecer instalaron explosivos cerca al aeropuerto y a una estación de Policía, y se ha denunciado que allí también actúan dos grupos armados venezolanos llamados Tren de Aragua y Los Maracuchos. En enero de 2022 provocaron nuevos desplazamientos y muertes violentas en especial en Tame, Fortul, Arauquita y Saravena (Noguera, 2020).

Cuando comenzaron los enfrentamientos entre la FANB y una de las disidencias, desde Venezuela se anunció refuerzo de la presencia militar en Apure mientras los pobladores afirmaban ser atropellados o injustamente arrestados por funcionarios. El 30 de septiembre de 2021, ante el Comando Estratégico Operacional de la FANB, Maduro señaló: “Parte de la estrategia de la oligarquía colombiana es infiltrar nuestro país de grupos terroristas armados de narcotraficantes de Colombia, los mejor conocidos como Tancol” (Prensa Presidencial, 2021), que significa “terroristas armados narcotraficantes colombianos”. Por su parte, Duque calificó al régimen de Maduro como dictadura enemiga de Colombia, protector de grupos terroristas y del narcotráfico, y justificó ejercicios militares en varias zonas fronterizas en acuerdo con la administracion Trump, a la vez que apoyó algunas iniciativas de sectores opositores venezolanos. Desde octubre de 2018, con los enfrentamientos entre la FANB y una de las disidencias, el gobierno colombiano hizo eco a denuncias de participación de servicios de inteligencia y militares cubanos, rusos y chinos en despliegues fronterizos de fuerzas militares venezolanas.

En esa peligrosa guerra fría, con señalamientos y operaciones en caliente de parte y parte, preocupa el aumento de militarización en ambos lados de la frontera, no solo porque no se traduce en capacidad de cada uno de hacer frente a fenómenos transfronterizos, sino porque amplía los riesgos de roces militares en medio de mutuas acusaciones y aumento de la tensión intergubernamental.

La tensión y el cierre de pasos fronterizos formales y de canales de comunicación interestatal provocan daños a las poblaciones más vulnerables y agudizan los problemas compartidos.

 Iniciativas de reconstrucción de la relación y coordinación fronteriza 

Para revertir los efectos de la tensión actual —tan perjudicial para poblaciones, zonas fronterizas y asuntos compartidos— han surgido muchas iniciativas conjuntas de diversos sectores de ambos lados que han fortalecido nexos positivos. Frente a esa grave situación, desde el ámbito andino autoridades regionales, gremios económicos y cámaras de comercio han estimulado acciones conjuntas para mostrar la urgencia de reconstruir la relación. En efecto, las gobernaciones de Táchira y Norte de Santander pusieron en marcha mesas de trabajo para procesar y hacer avanzar temas cruciales, con la participación de alcaldes, empresarios, comerciantes y académicos, en busca de reabrir pasos fronterizos formales y sentar bases de recuperación económica, entendimiento y cooperación que permitan enfrentar la crisis humanitaria, socioeconómica y de seguridad. Esto permitió atender una emergencia ambiental que afectó a las dos naciones y ayudó a mejorar las condiciones de circulación de migrantes y retornados con un corredor humanitario para permitir el paso por los puentes de las personas que tienen que abastecerse, buscar servicios o estudiar en Cúcuta. Así mismo, han impulsado iniciativas y siguen presionando para que se logre coordinación binacional en cuanto a fortalecimiento de las estructuras de los puentes, acción biosanitaria y controles aduaneros para el transporte terrestre de mercancías que estimulen la reactivación económica.

La Cámara de Comercio Colombo-Venezolana, la Comisión de Fronteras de Fedecámaras del Táchira y los gremios empresariales han tratado de defender la complementariedad entre ambos países, valorar y proteger la interdependencia que genera mutuos beneficios, estimular y unirse a iniciativas para hacer frente al agravamiento de la situación y presionar por la reapertura de pasos fronterizos formales y la liberalización del control de cambios para seguridad jurídica de las inversiones. Aunque continúa la informalidad por el cierre de pasos fronterizos formales, entre 2020 y 2021 el comercio binacional aumentó 77 %, las exportaciones colombianas hacia Venezuela crecieron 69 % y las importaciones, 63 %. Estos datos muestran la necesidad de fomentar la estabilidad de las inversiones para volver a la integración binacional; pero como hasta ahora la ideologización de la relación intergubernamental lo impedían, se insiste en abrir el flujo comunicativo interinstitucional y desplegar una estrategia humanitaria-social, de reactivación económica y de seguridad, que ayude a la reconstrucción de la relación binacional no solo desde los centros políticos nacionales, sino con participación local de autoridades y gremios económico-comerciales. Así, el 19 de octubre de 2021 el Congreso de Colombia aprobó conformar una comisión entre legisladores de los dos países para ayudar a normalizar las relaciones diplomáticas y comerciales binacionales. Adicionalmente, el presidente del Senado colombiano envió invitación a la Asamblea Nacional venezolana, elegida en diciembre, para desarrollar un amplio diálogo plural.

Las iniciativas de las gobernaciones, los gremios económicos y los órganos legislativos se han coordinado con iniciativas académicas y de la sociedad civil que ayudan a tejer puentes entre distintos sectores de ambos lados y fortalecen nexos positivos. Es el trabajo que ha venido haciendo Puentes Ciudadanos Colombia-Venezuela (PCCV), apuesta plural y diversa a favor de una diplomacia ciudadana fronteriza y binacional. En 2019 se desplegó un esfuerzo que revivió iniciativas ciudadanas binacionales impulsadas desde la década de los noventa por las universidades Nacional de Colombia y Central de Venezuela. PCCV fue articulando esa red binacional que estimula una diplomacia social en favor de 1) soluciones pacíficas para las crisis en Venezuela, 2) construcción de paz en Colombia, 3) derechos para migrantes y retornados, 4) atención de problemas de la frontera y 5) reconstrucción de la relación binacional. Estos temas constituyen los cinco ejes en que actúa PCCV, reflexión en la que se procura ayudar a conectar autoridades locales, empresarios, académicos y sectores sociales de ambos países.

Es decisivo que todas esas iniciativas fronterizas, gremiales, legislativas y ciudadanas se aproximen a la complejidad de la situación en Venezuela, fortalezcan nexos positivos entre las dos naciones y vayan logrando metas concretas: 1) apertura completa y coordinada de puentes internacionales y pasos fronterizos con el fin de que circulen mercancías y personas de manera legal y segura; 2) funcionamiento del sistema consular, de modo que el flujo poblacional cuente en ambos países con instrumentos para regularizar su situación, derechos y garantías; 3) canal de comunicación entre ambos Estados vía un tercer país o un organismo internacional, que ayude a procesar esos asuntos y sentar bases de la reconstrucción de las relaciones diplomáticas y el restablecimiento de toda la institucionalidad que se requiere para procesar esa estrecha articulación fronteriza e intensa vecindad entre Colombia y Venezuela.

Aunque continúa la informalidad por el cierre de pasos fronterizos formales, entre 2020 y 2021 el comercio binacional aumentó 77 %, las exportaciones colombianas hacia Venezuela crecieron 69 % y las importaciones, 63 %.

Referencias

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El Espectador (12 de febrero de 2021). Cúcuta en Alerta tras la llegada del clan del golfo.

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AUTOR

Socorro Ramírez

Licenciada en historia, magíster en Relaciones Internacionales y magíster en Análisis de Problemas Políticos, Económicos e Internacionales Contemporáneos, con doctorado en Ciencia Política de la Universidad Nacional de Colombia. Fue profesora en el Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales IEPRI. Desarrolló la línea de investigación, docencia y extensión “Fronteras, vecindad e integración” y coordinó el Grupo Académico Colombia-Venezuela y los programas Andino - Brasileño y Colombia-Ecuador.