Recortando la libertad. La Regeneración y su búsqueda del orden

Antes, durante el periodo federal, dominado por los liberales radicales, los conservadores se habían opuesto a sus políticas educativas, básicamente porque imponían la educación primaria obligatoria y gratuita, con el agravante de que se excluían los cursos de doctrina católica del plan de estudios. Merece señalarse que, si bien según el Decreto Orgánico de Instrucción Pública expedido en 1870 tales cursos podían ser dictados en las escuelas por los párrocos o ministros de acuerdo con la voluntad de los padres, esto no satisfacía las expectativas de los sectores tradicionalistas.

Esa política ha sido considerada el principal desencadenante de la llamada guerra de las escuelas, entre 1876 y 1877. Si bien el Gobierno fue el vencedor, entre sus consecuencias se destaca una disminución de alumnos de las escuelas oficiales y un creciente descontento contra las medidas liberales que habían recortado el gran poder que por tradición había tenido la Iglesia católica.

Además, desde su fundación en 1867, la Universidad Nacional de Colombia había sido atacada con vehemencia en la prensa conservadora con argumentos como que esta pretendía fomentar las ideas liberales y con ellas el desorden.

Al llegar a la presidencia Rafael Núñez se planteó como objetivo fundamental la búsqueda del progreso del país, y para ello daría prioridad al principio conservador del orden, por encima de la libertad. Y como consideraba que en nuestro medio solo dos instituciones, el Ejército y el clero, eran garantía del orden, se esforzó por otorgar a la Iglesia católica un papel preponderante en la educación.

La Constitución de 1886, cuya redacción se atribuye a Miguel Antonio Caro, respiraba un espíritu antimodernista, inspirado en las encíclicas papales. Por ello declaró en el artículo 38 a la religión católica como la de la nación y asignó a los poderes públicos su protección como elemento esencial del orden social, señalando en el artículo 41 que la educación pública sería organizada y dirigida en concordancia con ella, y al año siguiente el Concordato estableció que en todos los centros de enseñanza la educación debía organizarse de conformidad con los dogmas y la moral católicos, siendo obligatorias en ellos la enseñanza religiosa y la observancia de sus prácticas piadosas.

El presidente Núñez, y con él muchos dirigentes del país, consideraban a la Iglesia católica como la institución que a su larga tradición educativa, desde el periodo colonial y a lo largo de los años de vida republicana, agregaba una organización centralizada y jerárquica y gozaba en general de gran aceptación e influjo sobre el pueblo, a lo que se sumaba que contaba con recursos humanos y materiales para desarrollar con eficacia la tarea educativa, elemento esencial para lograr la cohesión social.

Al llegar a la presidencia Rafael Núñez se planteó como objetivo fundamental la búsqueda del progreso del país, y para ello daría prioridad al principio conservador del orden, por encima de la libertad.

El restablecimiento de la enseñanza religiosa cortaba de raíz el principal obstáculo para la expansión de la enseñanza en el país, como se puede observar en estos datos: en 1876, antes de la guerra, el número de estudiantes en las escuelas del país era 79.123 y en 1880 había descendido a 71.500; en cambio para 1900 llegaba a 144.667.

El ambiente favorable a la Iglesia católica hizo que muchos religiosos de ambos sexos, de diferentes comunidades y países, encontraran en Colombia un refugio y vieran la educación, especialmente la secundaria y la de artes y oficios, como un campo promisorio. Fundaron principalmente colegios privados, sostenidos con las pensiones, y algunos obtuvieron subsidio del Gobierno, sea nacional, departamental o municipal.

Su presencia fue decisiva en la educación femenina, con comunidades como las Hermanas de la Presentación, las Salesianas, las Bethlemitas, las Hijas de María, las Carmelitas o las Vicentinas, entre otras, que fundaron colegios no solo en ciudades capitales sino en numerosos municipios.

En la educación masculina también fue importante la presencia de comunidades como los jesuitas, los Hermanos de las Escuelas Cristianas, los maristas, los salesianos, los claretianos y los eudistas, entre las principales.

Esta afluencia masiva de comunidades, provenientes por lo general de Francia, España o Italia, trajo el predominio de la educación privada sobre la ofrecida en establecimientos del Estado, como lo muestran estas cifras, correspondientes a 1923, relativas a la educación femenina, que hasta la Regeneración era casi inexistente en el país: en los 36 colegios oficiales había 2219 alumnas, mientras en los 147 privados, casi todos de religiosas, el número de alumnas llegaba a 11.589, más de cinco veces que en los oficiales.

En la educación secundaria masculina, aunque las cifras no muestran un desequilibrio tan marcado, también se dio el predominio de la educación privada, en su mayoría en manos de religiosos. En efecto, para 1923 a los 60 colegios oficiales asistían 6571 alumnos, mientras a los 108 privados lo hacían 9280.

Si la educación provista y financiada por el Estado es un factor de nivelación e inclusión social, su privatización vino a acrecentar las diferencias sociales y abrió campo a la mercantilización excluyente de un servicio público que debería ser asequible a todos, como el agua de las fuentes públicas, según lo proclamara el gobierno del Estado de Antioquia en el periodo federal.

En cuanto a la educación universitaria, la Universidad Nacional, la joya de la corona durante los gobiernos radicales, no gozó de la simpatía de la Regeneración ni de los gobiernos conservadores de los tres primeros decenios del siglo xx.

En cuanto a la educación universitaria, la Universidad Nacional, la joya de la corona durante los gobiernos radicales, no gozó de la simpatía de la Regeneración ni de los gobiernos conservadores de los tres primeros decenios del siglo xx. En efecto, desde 1881, en el primer periodo de Núñez, la Universidad fue puesta bajo el control directo del Poder Ejecutivo, con lo cual cercenaba su autonomía, la característica más preciada de la institución universitaria desde sus orígenes medievales y nota dominante del proyecto aprobado en 1867. En adelante el rector, los decanos y profesores serían designados por el Poder Ejecutivo, de ternas presentadas por el Consejo Académico, cuyos miembros también los nombraba aquel, a lo que se agregó la dispersión de las facultades, colocando cada una bajo la dirección del ministerio correspondiente.

En conclusión, si bien durante esos cincuenta años la educación aumentó su cobertura de manera importante, desde luego en primaria y en especial en la secundaria, debido al predominio del sector privado, no logró el objetivo integrador y de promoción social que sería de esperar. Por lo demás, el orden tampoco fue logrado, como lo indican no solo las tres guerras civiles de los dos últimos decenios del siglo xix sino los numerosos conflictos del tercer decenio del siglo XX, que prepararon la caída del régimen conservador.