Presentación

Desde la época de la Conquista, el problema de la tierra ha estado en el centro de la historia de Colombia. Para regular su propiedad y uso, se crearon instituciones sobre la base de que se trataba de propiedad real, tierras realengas, y que el monarca podía otorgarlas teniendo en cuenta las condiciones étnicas y la situación de castas. A los castellanos y peninsulares se les concedió la tierra como merced,  a los indígenas se les redujo en resguardos y, siguiendo la tradición feudal europea, se reservaron los ejidos de tipo comunal para el beneficio de las poblaciones. El período colonial está marcado por la desposesión de los indígenas y por sus reclamaciones para conservar las tierras asignadas, las cuales, en un lento proceso, se fueron contrayendo. En la República, el despojo continuó, amparado en la nueva legislación que afianzaba la propiedad privada, protegía el latifundio, liquidaba resguardos y ejidos y feriaba una gran extensión territorial constituida por baldíos.

Respecto a la mano de obra, con el afianzamiento de la propiedad privada, enmarcado en una legislación liberal individualista, con el desarrollo del mestizaje, que desde finales de la Colonia descuadró el esquema de apropiación, con el desarrollo capitalista, con la creciente implantación de la figura de la aparcería y la formación de un proletariado agrario, se presentó en la escena el problema agrario en la vida nacional. La colonización que se desparramó por el occidente colombiano y otras regiones fue escenario del conflicto entre arrendatarios, colonos y propietarios, en un enfrentamiento que Alejandro López gráficamente denominó “la lucha del hacha contra el papel sellado”. En el período de los años veinte del siglo pasado, salieron a flote los conflictos en el campo, a la par que el proletariado industrial naciente irrumpía en el escenario sindical, y sentaban plaza las ideas socialistas. De allí, la respuesta estatal con la Ley 200 de 1936, dictada durante la Revolución en Marcha en el primer gobierno de Alfonso López Pumarejo (1934-1938). Era una ley modernizante, que tenía como propósito resolver los conflictos, dando seguridad jurídica a propietarios y trabajadores del campo y creando un espacio propicio para la productividad. Estos mismos elementos, volvieron a aparecer en la palestra en los años sesenta del siglo pasado cuando, con instrumentos como la Ley 135 de 1961, se dictó un estatuto de reforma agraria cuyos efectos y propósitos se paralizaron por la acción de grandes propietarios en el campo. 

Durante el último medio siglo Colombia ha padecido violencias de diferentes signos, pero la más persistente es la que se ha desarrollado en zonas periféricas ligadas, muchas veces, a los territorios de colonización en los que es notoria la ausencia del Estado. En el centro de este conflicto se sitúa el problema agrario.  Por ello no es casual que en las discusiones que culminaron con el Acuerdo de La Habana entre el Estado Colombiano y las Farc,  el tema de la tierra fuera el primero en discutirse y al que se le dedicó más tiempo. Hoy en día, con la perspectiva que brindan cinco años después de su firma, el resultado sobre este punto es agridulce, en la medida en la que algunos de los puntos acordados están siendo desarrollados pero, en contraste, otros tan importantes como la Nueva Jurisdicción Agraria, han sido embolatados en el Congreso de la República, o marchan a un ritmo realmente lento, como es el caso de la restitución de tierras.

Precisamente, por tratarse de un asunto esencial para la paz, la democracia y el desarrollo de la economía colombiana, se ha escogido el tema agrario como asunto central para este número de la Revista. Para ello hemos invitado a colaboradores especialmente conocedores, que se han ocupado del tema como funcionarios de alto nivel, académicos o especialistas.

José Antonio Ocampo, exministro de Hacienda y Agricultura, resume en su artículo “Desarrollo rural y paz”, los elementos conceptuales y la agenda de la Misión Rural que presidió, convocada durante el gobierno de Juan Manuel Santos. Entre otros conceptos se refiere al  “enfoque territorial”, que fue incorporado en el Acuerdo de La Habana, en el que se reconoce una ruralidad diferenciada y constituye un avance para poder adelantar una política agraria. Destaca el profesor Ocampo la centralidad de la reforma rural integral en el Acuerdo de Paz y, entre los progresos en su aplicación, señala los 16 Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), los apoyos a los proyectos productivos y el Catastro Multipropósito. En contraste, llama la atención sobre el hecho de que  “el acceso a la tierra ha sido un tema casi ausente”.

En su artículo, “Entre la Reforma y la Fantasía. La implementación del Punto uno del Acuerdo de Paz (reforma rural integral)”, el también exministro de Hacienda y de Agricultura, Juan Camilo Restrepo, quien participó en las discusiones de La Habana, resalta el tiempo dedicado allí a este punto (cerca de año y medio), y cómo se consagraron los compromisos del Estado para desarrollarlos en 10 o 15 años de postconflicto. En coincidencia con las conclusiones del artículo anterior, señala dos temas en los que se perciben avances: los PDET y la elaboración del sistema para modernizar el catastro, -Catastro Multimodal-. Por contraste, señala la lentitud en el proceso de formalización de la propiedad, en comparación con lo que se debería hacer para cumplir la meta establecida en los acuerdos. Sobre ello anota que, “A este paso le vamos a terminar quedando bien a la paz de los papeles pero mal al posconflicto de las realidades”.

El profesor Alejandro Reyes Posada, experto en cuestiones agrarias y quien participó como asesor del gobierno en las negociaciones de La Habana, en su artículo “¿Se puede arreglar el problema de la tierra?”, se plantea por qué Colombia no ha sido capaz de formalizar y distribuir equitativamente la propiedad rural, y se pregunta si existe en el Estado la voluntad para solucionar el problema de la tierra. Al respecto anota como una de las causas de esta incapacidad, el deficiente sistema cartográfico y de registro sobre la tierra, que favorece la apropiación individual e ignora los derechos derivados de la ocupación de la mayoría de los campesinos. Se refiere al problema de los baldíos y propone que “una primera solución general sería regresar al espíritu de la Ley 200 de 1936”. Por lo demás, consigna que en el acuerdo con las Farc se adoptó el enfoque territorial como un paradigma nuevo para gestionar el problema agrario.

El sociólogo Álvaro Balcázar V., tiene una larga tradición de reflexión y manejo de los problemas del campo. En su artículo sobre “La persistencia del problema rural en Colombia: ¿concepción de la política o de implementación?” propone la interesante y polémica tesis de que a pesar de la profusión de legislación sobre este asunto en nuestro país, no se han elegido ni los medios ni las estrategias adecuadas para modificar la estructura agraria. Que no obstante la fuerte inversión con ese propósito desde 1960, a través del Instituto Colombiano de la Reforma Agraria, Incora,  –3.500 millones de dólares, según el autor–, no se ha logrado un cambio ni siquiera marginal en la estructura de la propiedad. La razón estriba en el enfoque redistributivo complementado en ocasiones por el de desarrollo rural. Plantea que quizá sea necesario volver a discutir los fundamentos de la reforma agraria redistributiva, pues hoy en día es más importante poner el énfasis en la capacidad de los campesinos, –el capital humano–, y en la provisión de bienes públicos, que en la propiedad. Esto, porque en el presente la contribución relativa de la tierra, como factor de producción, cada vez es menos y pesa más el componente científico y tecnológico. Sin embargo, en ciertas zonas donde se ha producido el despojo campesino la distribución de tierras puede tener un efecto importante, en lo económico, en lo político y social.

Como complemento a lo planteado en los artículos anteriores, se incluyen tres artículos que presentan una visión histórica sobre el problema agrario. El del economista José Leibovich, que hace un recorrido en el que se relacionan diferentes coyunturas –en la Conquista, la República, y los Siglos XX y XXI–. El del Jurista y profesor Rodrigo Puyo, sobre los baldíos en el Siglo XIX, y las diferentes formas que se utilizaron para su apropiación. El economista Absalón Machado, un gran experto en cuestiones agrarias, hace una interesante presentación de la Ley 200 de 1936, que marcó un hito en el proceso de institucionalización de la tierra, sobre su propósito de ordenar jurídicamente el derecho de propiedad y darle a la tierra una función social, y sobre su aplicación, con base en la cual “se realizaron parcelaciones de haciendas, especialmente en Cundinamarca y Tolima donde los conflictos fueron intensos”. Se incluye también en esta sección un artículo del profesor Fabio Zambrano, sobre las características y particularidades en el proceso de urbanización en Colombia en razón de la interrelación entre lo rural y lo urbano. Por ejemplo, el profesor Zambrano comenta que, bajo la lógica de descentralización urbana en Colombia, en la actualidad, las ciudades que experimentan un veloz crecimiento en regiones como Antioquia son aquellas que delimitan la frontera agraria.

En la sección Documentos, y relacionado con el tema central, presentamos dos trabajos. Uno: “El Catastro Multipropósito”, del economista Carlos Enrique Moreno Mejía y su equipo. Como bien se señala, en los artículos atrás relacionados y como ha sido reconocido, la carencia de un catastro moderno y actualizado en Colombia ha tenido consecuencias negativas, como la inseguridad jurídica de la propiedad,  la violencia que esta situación genera,  el escollo para poder adelantar políticas sociales en el agro, la evasión y el déficit en los ingresos fiscales para los municipios, el Estado y otras entidades territoriales, sin contar lo que todo esto implica como traba para la inversión, el desarrollo y la productividad. En cumplimiento de lo acordado en La Habana, el gobierno encomendó al economista Carlos Enrique Moreno y a su equipo la elaboración de un catastro multipropósito que, entre otras cosas, se adecuara a las diferencias y circunstancias territoriales del país.

El otro documento que publicamos es una ponencia titulada “Reforma Agraria: de la Política de Tierras a la Planificación Agropecuaria”, elaborado y presentado a discusión en el año de 1984. El documento es de interés porque sirve para cotejar y comparar la situación del campo hace cerca de medio siglo con la actual, los cambios que en ciertos sectores ha vivido el agro colombiano, la subsistencia de ciertos problemas, y el estancamiento en lo relacionado con la tenencia de la tierra. La ponencia fue elaborada en el CEREC (Centro de Estudios de la Realidad Colombiana), por un grupo de investigadores del cual formó parte esencial el profesor Jesús Antonio Bejarano. Con ello queremos recordar su nombre y rendirle un homenaje al lúcido profesor e investigador, asesinado en los predios de la Universidad Nacional.

La sección Controversia se abre con el trabajo “Diversidad y pluralidad. Realidades en Colombia en el siglo XXI”, del profesor Carlos Alberto Patiño, en el que se discute la supuesta homogeneidad de la sociedad colombiana, a partir de la pérdida de hegemonía de la Iglesia católica,  de la presencia de diferentes cultos, de sectores no religiosos, del proceso de secularización unido al crecimiento demográfico, al proceso de urbanización, y al paso de un país agrario a urbano.

El artículo del economista, profesor y exrector de la Universidad Nacional, Ricardo Mosquera Mesa, alerta que la lenta recuperación económica en el mundo y el hecho de que regiones amplias como Latinoamérica y África no sean capaces de controlar la pandemia, ampliará a una velocidad dramática la brecha entre las naciones en desarrollo y las naciones ricas, que durante el último año han defendido un ciego nacionalismo vacunatorio. Esta actitud de las potencias geoestratégicas va en contra de cualquier estrategia, pues nos enfrenta a una cuarta y, tal vez, quinta ola de la enfermedad de covid-19 en todo el mundo debido a la subsistencia de focos de contagio y la generación de nuevas variantes del virus.

En el presente número de la Revista la profesora Carmen Alicia Cardozo nos invita a reflexionar sobre el ethos de la comunidad que conforma la Universidad Nacional, entendido como la identidad o el carácter que nuestra Institución expresa en su quehacer universitario mediante valores compartidos, acuerdos normativos y objetivos derivados del trasegar histórico de la Universidad y su proyección de futuro.  Con el artículo “El cóndor yacente. Azotes del olvido en América Latina” el profesor Fernando Zalamea resalta la desbordada dinámica cultural latinoamericana que se fortalece, paradójicamente, del recurrente olvido de nuestra propia historia y que obliga a que nos reinventemos mediante imágenes, narraciones y nuevos sonidos, convirtiéndose en la mayor riqueza de nuestra cultura.   

Con motivo de los treinta años de la muerte del profesor y exrector Gerardo Molina, la Universidad ha iniciado un ciclo de conferencias y actividades para celebrar y recordar diferentes aspectos de su vida. La Revista se une a estas efemérides e incluye en este número un artículo biográfico –“Gerardo Molina en el mundo de las ideas”–, elaborado por el profesor Ricardo Sánchez Ángel, y el texto “Recuerdos de nuestro padre” escrito por los profesores Juan Patricio y Carlos Molina Ochoa.

En la habitual sección de reseñas de libros publicados recientemente por la Universidad Nacional, incluimos el comentario del jurista y periodista Oscar Alarcón Núñez, a propósito del libro autobiográfico ”Relato de los oficios y los días”, del economista,  Antonio Hernández Gamarra,  excontralor general de la República, egresado y profesor de la Universidad. Así mismo, el texto del periodista Juan Carlos Millán, sobre el libro “Ruralidad posible. La tríada rural”, del economista y profesor Absalón Machado, quien colabora con su artículo en el presente número de la Revista.